Debido al recorte presupuestario de $30.000 millones en la obra pública para este semestre, empresarios de la construcción aseguraron que se perdieron -como mínimo- otros 5.000 puestos de trabajo en octubre, lo que arroja un acumulado de 30.000 empleos aproximados desde junio, aunque no en todos los casos trabajadores registrados, como ocurre en esta actividad.

Las fuentes consultadas indicaron que la caída del empleo se da en la obra pública, donde a pesar del discurso oficial sobre la normalidad en los planes, existen recortes y retrasos en los plazos de ejecución. Como adelantó este medio, las transferencias de la Nación a los distritos pasaron de un tiempo promedio de 60 días a 120 días.

"Las provincias y las empresas ya no cobran a 60 días sino a 120 días en todo el país. Es impensado que la actividad vuelva a impulsarse por lo que veremos un empeoramiento, y hay una mínima esperanza puesta en el comienzo del 2019", expresaron las fuentes consultadas. Esta coyuntura provocó un debilitamiento en la cadena de pagos debido a que el freno o la desaceleración de los proyectos en marcha afecta el pago a los proveedores.

Otro elemento que conspira contra la recuperación del sector es el constante aumento del precio de los materiales para la construcción, que en octubre último se incrementaron un 5% en promedio, según fuentes de la Cámara de la Construcción. "Todavía se ve el efecto grave de la devaluación porque no es algo inmediato. El traslado se seguirá notando un tiempo más", señalaron las fuentes del sector con mayor multiplicación del empleo.

El caso de Salta tomó relevancia por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la "inevitable" disminución o paralización de obras en curso, "con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales". Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación y el retraso de los pagos, algo por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales: "No hemos obtenido ni respuestas ni soluciones".

En el comunicado de la Cámara Salteña de la Construcción, explican que muchas obras "pudieron terminarse con los aportes de fondos propios realizados por las empresas constructoras", en muchos casos recurriendo a financiamiento bancario. "Pero nuestra capacidad para continuar financiando la obra pública está agotada", afirmaron. La paralización de obras clave en la provincia sin dudas dejó un impacto considerable que se refleja mes a mes cuando se conocen los indicadores de empleo siendo el de la construcción el que más caída registra.

Otra provincia donde más se nota la recesión en la construcción es el Chaco. Fuentes provinciales indicaron que el anuncio del Gobierno provincial del acceso al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de pavimento en cuadras de nueve localidades (más obras complementarias) genera "expectativas moderadas a la espera de la materialización".