La Corte de EE.UU. tomará una de tres opciones: rechazar el pedido realizado por los abogados que representan a la petrolera argentina de dejar sin efecto la causa; aceptar la causa y dejar en firme las sentencias de primera y segundo instancia en contra del país; o, como tercera opción, que se solicite la opinión al “solicitor” o consultor general para las cuestiones judiciales clave. En este caso, ese “solicitor” sería el gobierno de los Estados Unidos; el que, se descarta, fallaría a favor del país. No por convicción sino por la cercanía que Donald Trump mantiene con Mauricio Macri. El problema de este tercer paso es que, pese a tener un primer round favorable a la posición nacional; no implica que la Corte acepte lo que recomiende el “solicitor”. Ya le ocurrió a la Argentina en el caso de los fondos buitre que el gobierno de Barak Obama le recomendó a la Corte que acepte el rechazo planteado por la Argentina, lo que luego fue rechazado por el máximo tribunal dejando firme el primer fallo en contra de Thomas Griesa y obligando a la Argentina a pagarle a los acreedores unos u$s9000 millones que terminaron de liquidarse en abril de 2016. La decisión que tomen hoy los jueces de la Corte se conocerá el lunes 7, y definirá los próximos meses judiciales del país en los tribunales norteamericanos.
La resolución que deben definir los magistrados, es resolver si se acepta o no un pedido extraordinario realizado por los abogados que representan a la petrolera, y que buscan que la causa se mude de jurisdicción a Buenos Aires. Por su parte, los litigantes reclaman que queden en firme los fallos de primera y segunda instancia de los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York, y que le dan la razón al fondo Burford y sus “asociados”. La causa entró en terreno de definiciones en junio del 2018, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York avaló la decisión que había tomado en primera instancia de la jueza Loretta Prieska, de rechazar el reclamo argentino para que el caso pase a tramitarse en los tribunales de Buenos Aires. Esta decisión de segunda instancia fue apelada y hoy es la Corte la que decide.
La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital, dedicado a comprar juicios alrededor del mundo a particulares y compañías en crisis, pero que tienen causas más o menos sólidas para litigar en los tribunales internacionales. Lo que ofrece Burford es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013; con lo que pudo esperar una definición durante más de seis años. El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Según comenta el especialista Sebastián Maril, “Burford tiene derecho al 70% de una posible sentencia favorable en el caso de YPF por el cual pagó u$s15 millones más los gastos. Burford estima que el valor del caso de YPF es de u$s800 millones y ya ha realizado transacciones en el mercado secundario por una ganancia de u$s121 millones. Al 30 de junio de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por u$s136 millones”. Para todos será un gran negocio, en el caso que la Corte Suprema de EE.UU. vuelque la balanza a favor de los litigantes. El fallo global podría llegar a los 2.000 millones de dólares de capital, más los intereses que fije el tribunal primario más los gastos generados por toda la causa. Según la jurisprudencia que quedó por el juicio a los fondos buitre, el dinero global podría llegar a los u$s 2.500 millones, o aún más. Ese dinero deberá ser pagado por el Estado argentino y no por la petrolera, ya que fue el Gobierno el responsable máximo de la operación de reestatización.
Los dólares irían, en parte (unos u$s800 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos de los nombres de esos socios del fondo litigante; ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Sólo por pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. Dependería de los tribunales locales.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagar el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s 66 millones.
