El gobierno federal de México rubricó este martes su compromiso de llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa y sancionar a los funcionarios involucrados en la desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014, sin importar quiénes hayan sido y qué cargos ocupaban, entre ellos Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ex titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), respectivamente.

Al instalar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, confiaron en que Ayotzinapa sea uno de los primeros asuntos en los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrezca resultados, sin dilación, a familiares de las víctimas y a la sociedad.

Pido respetuosamente a los integrantes de la comisión, a los expertos que de ella forman parte, su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible, dijo Sánchez Cordero frente a los padres de los jóvenes desaparecidos.

El propósito, subrayó, es muy claro: coadyuvar a que la verdad se conozca, se haga del conocimiento de los familiares de las víctimas y nos permita hacer justicia… para fincar responsabilidades y aplicar la ley. No se parte de cero, hay avances importantes de las investigaciones previas.

Encinas, presidente del mecanismo extraordinario, dejó en claro que esta etapa de la investigación parte de una sola premisa: La verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa.

No se trata de una comisión de la verdad, explicó, sino de un nuevo modelo de intervención gubernamental para avanzar en las investigaciones no sólo del caso Ayotzinapa, sino de la desaparición de más de 37 mil mexicanos y de otras violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México en décadas recientes.

Tanto en su mensaje como en entrevista posterior, Encinas Rodríguez dejó en claro que se tomarán en cuenta todos los informes disponibles, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las sentencias y mandamientos del Poder Judicial, como la insólita resolución del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas (que ordenó reponer las indagatorias del caso Ayotzinapa).

El propósito, indicó Encinas, es deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, sean quienes sean, y que los hechos no queden en la impunidad.

“Fueron cuatro años sin voluntad política. Aquí vamos a usar el tiempo que sea necesario y no vamos a generar falsas expectativas para inventar resultados. La prudencia tiene que ver con la calidad de la investigación y sus resultados.

“La verdad (‘histórica’, de la PGR) ya se derrumbó por todos lados, la propia investigación de la CNDH reconoce que se alteraron pruebas”, manifestó ante la prensa.

–Durante la ceremonia, los padres de los normalistas dijeron que se burlaron de ellos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ¿Coincide con esa apreciación?

–Por supuesto que sí. Si no, no estaríamos aquí, instalando esta comisión.

Vamos a empezar con lo que no se hizo o con lo que se hizo mal. Vamos a retomar todas las investigaciones. Todos los servidores públicos (serán investigados) independientemente de las funciones que desempeñaron, agregó.

Fuente: Nodal.am / Jornada.