El viernes terminará la consulta pública convocada por la Secretaría de Energía y el Enargas para discutir un cambio en la regulación con la que se establece la tarifa de gas. La propuesta oficial se encamina a avalar un aumento extra en las boletas para este año, por sobre el tarifazo del 35% ya anunciado, para cubrir el costo financiero que tendrían las empresas distribuidoras con la nueva metodología. La confirmación llegará en febrero, cuando se fijen los precios para el invierno.

El proyecto impulsado por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cosechó fuertes cuestionamientos de las firmas del sector. El principal punto de disenso es la reducción del plazo del pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, que pasaría de los actuales 75 días a sólo 30, con la que el Ejecutivo busca evitar desfasajes ante saltos del tipo de cambio, como ocurrió el año pasado por la dolarización del precio del gas. La propuesta fue celebrada por la CEPH, la cámara que nuclea a las mayores productoras ( YPF, PAE y Tecpetrol, entre otras).

En cambio, las grandes distribuidoras ( Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Eco Gas) adujeron que, como ellas cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega, necesitarán financiarse para poder pagarles a las productoras. Estas compañías compran unos $5.000 millones mensuales a las petroleras y, según sus estimaciones, la reforma las obligaría a financiar $2.000 millones.

"Nos obligan a salir al mercado a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca del 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras se cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido", dijo Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi y exCEO de Edenor, la semana pasada en EconoJournal.

Sin embargo, el plan del Gobierno es trasladar ese costo adicional a las facturas. Un funcionario presente en una reunión que se realizó el miércoles pasado y que tuvo como protagonistas a Energía, el Enargas y las empresas lo confirmó: "Es posible que las distribuidoras no entraren en quebranto, sino que haya un costo financiero que tendrá que tenerse en cuenta en el cálculo tarifario. Nosotros entendemos que el cambio está dentro de lo que el cálculo prevé; pero si ellos nos demuestran que no, se revisará y se aplicará a las tarifas".

Pese al mensaje público, las distribuidoras confían en la marcha de las negociaciones y ven como una alternativa viable el traslado del costo financiero a los usuarios. "Eso ya es una decisión del Gobierno", expresaron desde una de las firmas líderes.

Así, la reforma significaría que el aumento de abril sea mayor al 35% que anunció Javier Iguacel en diciembre, un día antes de ser desplazado de Energía. Antes de conocerse esta iniciativa, la Undav calculó que el tarifazo de gas acumulado desde 2016 llegaría en junio al 2.401%.

El proyecto de Lopetegui contempla, además, una subasta electrónica a mediados de febrero para la compra mayorista del gas, donde el precio sea fijado por la oferta y la demanda, y ya no por el Estado. Por eso, la audiencia pública que estaba prevista para fines del próximo mes para discutir las nuevas tarifas aún no está confirmada.

Mientras tanto, quedan otros cabos sueltos. Las petroleras piden precisiones sobre el tipo de cambio que se considerará para los contratos de largo plazo. El temor es que, ante una devaluación, se genere una deuda de las distribuidoras, tal como ocurrió el año pasado, cuando su pasivo llegó a $21.000 millones. Entonces, el Gobierno buscó trasladárselo en cuotas a los usuarios, pero debió dar marcha atrás ante el repudio generalizado y absorbió el costo.