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La Amia le pidió a la Daia que levante la querella contra Cristina

Es por el supuesto encubrimiento a los iraníes. Argumenta que mantener esa acusación resultaría "perjudicial" para la comunidad judía.
VIERNES 01 DE FEBRERO DE 2019

La Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) le pidió ayer a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) que desistan de querellar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán, al evaluar que mantener esa acusación resultaría "perjudicial" para la comunidad judía.

Se trata de la causa surgida de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex mandataria y otros ex funcionarios de su gobierno, como el fallecido ex canciller Héctor Timerman, por un supuesto encubrimiento del atentado de 1994 contra la Amia.

"Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general, y afecta en particular a la Amia en su gestión específica. Cabe recordar que fue la oposición firme de la Amia la que logró que el pacto de nuestro país con el enemigo de Israel nunca entrara en vigencia", señaló la misiva remitida por las autoridades de la mutual al presidente de la Daia, Jorge Knoblovits.

Los integrantes de la comisión directiva de la Amia indicaron que "al desistir de esta querella contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, además de reparar un grave error de la gestión anterior (de la entidad judía), la Daia empezará a tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta que divide a la mayoría de los argentinos, división que por cierto no nos representa".

Según la Agencia Judía de Noticias (AJN), la Amia tomó esta decisión en una reunión celebrada el 15 de enero "luego de un intercambio de ideas" entre los dirigentes que componen la conducción de la institución.

"La Daia debe desistir de impulsar la causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán. La revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes", remarcó el texto.

Esta frase estaría reconociendo que no es en el ámbito judicial donde se debe dirimir una decisión de política exterior que es potestad, según la Constitución nacional, de la cabeza del Poder Ejecutivo.

A principios de 2013, el gobierno de Cristina Fernández, a instancias de su entonces canciller, Héctor Timerman, firmó un acuerdo con Irán para que ciudadanos de ese país, sindicados como autores intelectuales del sangriento atentado a la sede de la Amia perpetrado en julio de 1994 en Buenos Aires, declaren ante la Justicia argentina en otro país en el marco de una revisión de la investigación argentina sobre el ataque terrorista. El acuerdo fue, además, ratificado por el Congreso nacional.

La denuncia del fiscal

Por ese tratado, que fue denunciado ante la Justicia y nunca entró en vigencia, Nisman hizo una presentación judicial (el 14 de enero de 2015) contra la entonces presidenta Cristina Fernández y a su canciller, Timerman, entre otras personas, por un supuesto encubrimiento a los acusados iraníes. Cuatro días después, cuando debía presentarse al Congreso a dar más detalles de su denuncia fue hallado muerto de un tiro en el baño de su departamento.

La carta de Amia se refirió también a la situación de los sospechosos iraníes, quienes tienen pedido de captura internacional de Interpol para que comparezcan ante los tribunales judiciales argentinos.

"En particular queremos puntualizar que Amia no se ha expresado a favor del juicio en ausencia y que toda declaración, acción o compromiso asumido por Daia sobre ese tema u otro sin conocimiento y consentimiento de Amia sería eventualmente desconocido por nosotros. Enfatizamos que el respeto mutuo es la única manera de preservar la unidad y la paz comunitaria", subrayó la comunicación enviada el pasado 22 de enero.

En ese punto, la Amia deja sola a la Daia en un tema tan sensible para los familiares de las víctimas del atentado a la Amia que rechazan el juicio en ausencia porque lo caracterizan "como una maniobra para cerrar la causa".


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