La casa de una empleada judicial rosarina fue rociada a tiros ayer a la madrugada en pleno centro de la ciudad. De esta manera las balas disparadas contra viviendas de investigadores, policías y jueces ligados a temas de narcocriminalidad, e incluso contra edificios de la Justicia, volvieron a hacerse oír. Fue a las 2 de ayer en una vivienda ubicada en Rioja al 500, entre Juan Manuel de Rosas y 1º de Mayo, en la misma manzana donde se encuentra el Concejo Municipal, cuya fachada también fuera tiroteada el pasado 19 de diciembre.

Según relataron las víctimas de esta nueva intimidación, dos hombres llegaron en una moto tipo scooter, se detuvieron frente a la casa y dispararon contra la puerta y una ventana. Indicaron que fueron ocho disparos y que dos proyectiles ingresaron por la ventana del living sin provocar lesiones a nadie.

Tras atacar la vivienda, frente al menos tres cámaras de videovigilancia privadas ubicadas en edificios linderos, los agresores huyeron y fueron perseguidos por dos testigos ocasionales. Esa persecución se extendió al menos tres cuadras. En Juan Manuel de Rosas al 1100, a dos cuadras de la comisaría 1ª, los sospechosos dejaron la moto que poco después fue secuestrada por la policía y continuaron a pie para perderse en la noche. El rodado tenía un pedido de captura emitido por la seccional 16ª por haber sido robada en Maipú al 2900 el 23 de noviembre de 2018.

Especialista

En cuanto al ataque en sí, en la vivienda baleada vive una contadora especializada en criminalidad compleja que integra los equipos técnicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Junto a ella residen su esposo, sus hijos adolescentes y en la planta alta el padre de la empleada.

La contadora, según se sabe, trabajó en casos de alto impacto público como una megacausa de estafas inmobiliarias y también en la Fiscalía de Gravedad Institucional creada especialmente para investigar la saga de balaceras que comenzó el pasado 29 de mayo con el ataque a tiros a dos residencias que habían pertenecido al juez Ismael Manfrin, titular del tribunal que condenó al núcleo duro de la banda de Los Monos.

Al momento del ataque, dijeron las víctimas, en la casa había siete personas. Uno de los hijos de la contadora jugaba a la play station en el living por donde volaron dos proyectiles que perforaron una persiana de madera. Otros cuatro balazos impactaron en la puerta de chapa reforzada del ingreso sin perforarla.

En la escena, dijeron los policías, se incautaron vainas calibre 9 milímetros y tras ello el Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso que un patrullero custodie la vivienda. En principio la investigación quedó en manos de la fiscal de Investigación y Juicio Cecilia Brindisi.

Desde el área de prensa de la Fiscalía Regional se emitió un escueto parte en el que se resalta que en el lugar atacado "viven familiares de un integrante del MPA, cuya identidad se reserva, quien ha trabajado en hechos de balaceras, entre otras investigaciones".

Por el lado del Ministerio de Seguridad se supo que desde que fue informado de lo ocurrido, el ministro Maximiliano Pullaro mantuvo una serie de reuniones con distintos representantes de la Fiscalía y con policías que trabajan en la investigación (ver aparte).

Distintas lecturas

Ante la carencia de voces oficiales que contextualizaran el ataque a balazos contra la vivienda de la funcionaria que se desempeña junto a los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional quedaron abiertas lecturas para todos los gustos. Los pergaminos de la empleada atacada, que no es una persona conocida ni tiene mucha exposición pública, hacen tornar verosímil la hipótesis de que haya sido blanco de un ataque de grupos mafiosos.

La víctima reside en una casa de dos plantas que tiene dos ingresos. Los tiradores no dudaron y dispararon contra la puerta de acceso a la vivienda, lo que indica que tenían una inteligencia previa. Y que no los amilanó la clara existencia de cámaras de videovigilancia privadas en las inmediaciones.

El modus operandi utilizado en el ataque a la vivienda de Rioja 562 fue similar al utilizado en la saga de ataques a balazos que se inauguró el 29 de mayo contra propiedades que pertenecieron al juez Manfrín y que rondan la veintena de hechos en dos secuencias. La primera, de 15 ataques, tuvo en su tramo final como sello de autor un cartelito que los agresores dejaban con la leyenda "con la mafia no se jode".

Luego de cada balacera de esa secuencia se generaba un espiral de repercusiones públicas en la que se podía oír, a coro y en sintonía, a funcionarios de los Estado municipal, provincial y nacional.

Acusados

En el marco de esos 15 ataques los fiscales de Gravedad Institucional (integrada por Miguel Moreno, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo) imputaron a Ariel Máximo "Guille" Cantero como autor intelectual en al menos siete hechos que coordinaba desde la cárcel de Piñero, donde estaba detenido. Otras diez personas también fueron imputadas por diferentes episodios, como Daniel "Teletubi" Delgado (instigador en dos episodios), Matías Nicolás César (instigador en cinco casos) y Lucía Uberti, a quien le atribuyen haber planeado y coordinando "la faz operativa" de al menos ocho hechos, organizando a los tiradores que concretaban los ataques.

La segunda etapa de la saga de ataques contra instituciones y actores judiciales se abrió la madrugada del 10 de diciembre pasado cuando en un lapso de 24 minutos fueron baleados los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal (CJP). Esa saga, de cinco hechos, tuvo como últimos ataques los perpetrados contra el Concejo y la Fiscalía Regional de Montevideo al 1900, los días 19 y 20 de diciembre pasado respectivamente. Por esa nueva saga no hubo imputados aún.

Fuente: La Capital