A los los 80 años. murió Esteban Righi, exministro del Interior del gobierno de Héctor Cámpora, y procurador general de la Nación en los primeros años de gestión kirchnerista. Esteban Justo Antonio Righi habìa nacido el 4 de septiembre de 1938 en Resistencia, Chaco. En 1973, con 35 años, se convirtió en ministro del Interior del entonces presidente Héctor Cámpora y pronunció un recordado discurso ante la cúpula de la Policía Federal. "Ningún atropello será consentido. La policía tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo, respetar a todos sus ciudadanos, considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario y comportarse con humanidad, incluse frente al culpable", explicó Righi en junio del ‘73.
En 2005, el presidente Néstor Kirchner lo nombró procurador general de la Nación. En 2012, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, denunció públicamente al estudio de abogados Righi y Asociado, del cual Esteban Righi era socio, por haber ofrecido el servicio de "aceitar jueces federales" de los tribunales de Comodoro Py.
Righi presentó su renuncia con una carta dirigda a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones" con las que el vicepresidente lo ha "agraviado", escribió el funcionario saliente. En este sentido, agregó: "Aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueros sólo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos pues nada tengo que ocultar". "Ya no podía obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir al interés público", expresó en la carta de renuncia de unas dos carillas. Y añadió que no era posible seguir cumpliendo sus funciones, "si al hacerlo se compromete al propio honor o a la honra familiar". Además, destacó que había decidido dejar de lado su "militancia partidaria" como Procurador General de la Nación pero que sentía que había formado parte de un proceso "profundamente nacional" y "popular". En otra parte de la nota, recordó su rol en la apertura de juicios por crímenes de la Dictadura o por casos de trata de personas, entre otros.