Esta mañana dialogó con Primera Mañana en LT9 el doctor José Gigena, que participó en la cesárea de la niña tucumana de 11 años producto de la violación del abuelastro.

"Vivimos una situación incómoda por un grupo de abogados y médicos que nos denunciaron por homicidio calificado. No fue así ya que se trataba de un caso no punible. Para impulsar la causa en nuestra contra se hicieron de manera ilegal de la historia clínica de la niña violada, por parte de grupos que se dicen Pro vida",  destacó Gigena.

"Actuamos en el marco de la ley e hicimos lo que la niña y su madre estaban solicitando que era la interrupción ilegal del embarazo, por haber sido violada y producto de esa violación quedó embarazada del abuelastro. Estamos hablando de una cuestión aberrante y el Poder Judicial obstaculizando esta situación y que se naturalice la violación y no poder acceder al derecho que estaban solicitando", agregó.

"La imagen de esta nena de 11 años era desesperante, de un pueblito del interior tucumano que vivía desde hace tiempo un calvario", contó el profesional. "Estos grupos Pro Vida en Tucumán quieren actuar por encima de la ley, imponer su propia ley y no cumplir con las normas que tienen casi 100 años" enfatizó.

Cabe destacar que la ginecóloga denunciada, Cecilia Ousset, afirmó que “la idea era salvarle la vida a la chiquita porque corría peligro”. La niña se presentó en el Hospital Eva Perón de Tucumán con 16 semanas de embarazo y ningún profesional quiso intervenir. La fiscal Adriana Giannoni actuó de oficio y amenazó con que sería juzgado penalmente por homicidio aquel médico que interviniera.

“Así fue estirado el embarazo, prolongándose la imposibilidad de realizar una interrupción legal hasta que llegó un oficio al hospital de una jueza ordenando la interrupción legal en el plazo de 72 horas”, explicó Ousset, quien junto a su marido José Gijena le realizaron la cesárea a la niña en la semana 23 de gestación.

El resto del cuerpo médico del Hospital se declaró objetor de conciencia. “La mayoría tenía temor por el oficio de la fiscal”, dijo Ousset. “Hasta el anestesista se había declarado objetor de conciencia”, añadió.