Con el nuevo Código, uno de los objetivos que se había propuesto para mostrar como legado -el actual rige desde 1921, con parches-, buscará resaltar el endurecimiento de las penas a los delitos por corrupción, narcotráfico y control de la calle, aunque tendrá que limitarse por el momento y durante los largos meses de campaña a la presentación. Lo mismo sucederá con el Régimen Penal Juvenil, que será enviado por separado.

“La idea es que el proyecto comience a discutirse en abril o mayo, y estimamos que puede convertirse en ley el año que viene”, dijo un alto funcionario. Sin mayoría en ambas cámaras, al macrismo no le será sencillo empujar el tratamiento de este tema y en general el Congreso se prepara para un funcionamiento acotado en los próximos meses con la campaña en su etapa más intensa. Ya el balance de 2018, sin ser un año electoral, quedó en el podio de los peores desde el regreso de la democracia. A su vez el debate del nuevo Código Penal en este momento generó incluso rechazo dentro de Cambiemos, como el de Elisa Carrió.

Ante la crisis económica, la serie de indicadores negativos y sin señales de la declamada recuperación, el macrismo tomará el nuevo Código para enfocarse en las modificaciones vinculadas a la seguridad y tenencia de armas, condenas de cumplimiento efectivo para casos de corrupción y penas más duras para los cortes de calles y las agresiones en las manifestaciones, cuestionado por las organizaciones sociales como un avance en la criminalización de la protesta. Entre los cambios aparece la restricción de la libertad condicional y el aumento de las escales penales a migrantes que usen documentación falsa o incumplan la prohibición de reingreso al país.

“Es un avance realmente significativo para toda la comunidad que llegue al Congreso un proyecto de Código Penal discutido durante dos años por una comisión de expertos y en el marco del programa de Gobierno abierto Justicia 2020”, dijo Germán Garavano. La reforma estaba prácticamente lista en agosto, basada en el anteproyecto elaborado por una comisión encabezada por el camarista Mariano Borinsky, pero en buena medida las postergaciones se originaron en el articulado sobre la penalización del aborto. Luego del rechazo en el Senado a la legalización, en un primer momento el Gobierno evaluó subirse a la llamada ola verde y un sector impulsó la eliminación de la pena para las mujeres del Código. Garavano empujaba esa posición, compartida por Patricia Bullrich -titular de Seguridad-, la otra cartera que trabajó el proyecto. El tratamiento había provocado fuertes divisiones en el bloque de Cambiemos y Macri decidió esperar unos meses, para priorizar la sanción del Presupuesto.

Luego decidió mantener en ese punto el texto como lo había redactado la comisión: la mujer que aborte tendrá una condena de uno a tres años de prisión y el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso. El Gobierno eligió esa opción para no profundizar las diferencias internas y evitar las fugas de votos en el año electoral.