Este sábado 4 de mayo Santa Fe será escenario de una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana. Con el lema #CannabisAlCongreso, organizaciones cannábicas de todo el país reclaman una nueva ley que deje de considerar al cannabis como un estupefaciente que atenta contra la salud pública. La cita es a las 15 en el Puente Colgante. A las 16.20 arranca la marcha por Boulevard Gálvez hasta la Plaza Pueyrredón, donde se leerá el documento y habrá música en vivo.

Fausto Botta, uno de los organizadores de la marcha, dijo esta mañana por LT9 que la marcha está dirigida “a las personas que están desinformadas o tienen prejuicios. La lucha es por la despenalización total de la marihuana. No existe un cannabis medicinal y un canabis como droga psicoactiva. Es la misma planta. Algunos las cultivan para paliar una patología particular, pero otros la usan para su bienestar personal. Y esto no es motivo para prohibirla”.

“La prohibición es la razón por la que existe el narcotráfico, que financia la corrupción y la violencia policial”, añadió Botta. 

Sobre los reclamos que harán público en la marcha, se destaca la remoción del cannabis de la lista de estupefacientes; eliminar las penas al autocultivo, tenencia y uso personal de sustancias;  amnistía y absolución para las y los cultivadores perseguidos y detenidos; políticas públicas de educación y salud con perspectiva de reducción de daños y riesgos asociados al consumo; promover una economía social del cannabis, antimonopólica y soberana; aplicación plena e inmediata de la ley de Cannabis Medicinal: ampliación de patologías, agilización del registro y habilitación a pacientes y personas a cargo para cultivar; coordinación efectiva con las asociaciones de madres y usuarios medicinales; y el análisis de cannabis y derivados en laboratorios públicos.

La marcha

En el año 1989 se sancionó la Ley de Drogas (Ley 23.737), que lejos de ser una ley superadora a las políticas represivas y prohibicionistas de la dictadura, continuó con la misma línea. Esta ley prohíbe los estupefacientes, pero no los define. Considera estupefacientes a las sustancias incluidas en una lista actualizada por decreto: una lista que incluye al cannabis junto con otras sustancias mucho más peligrosas como la heroína.

La ley tiene como fin jurídico proteger la salud pública. No hay razón para sostener que el cannabis sea una amenaza para la salud pública; por el contrario, su prohibición constituye un enorme perjuicio para muchísimas personas que lo necesitan para su salud y su bienestar. A su vez, es esta prohibición la que genera un circuito de tráfico ilegal, que, con la complicidad policial y estatal, genera ganancias millonarias para algunos mientras llena de violencia los barrios de todo el país.

La Ley de Drogas sigue vigente. Por esto, exigimos la remoción del cannabis y el thc de la lista de estupefacientes citada por la ley 23737.

En el Fallo Arriola en 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penar la tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado. Según el artículo 19 de la Constitución Nacional las acciones privadas que no perjudiquen a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Esto también se aplica al cultivo.

Reclamamos la necesidad histórica de eliminar las penas al autocultivo y a todas las formas de tenencia y uso personal de sustancias en la ley 23.737, entre otras figuras que no implican perjuicio a terceros. La mejor forma de luchar contra el narcotráfico es el autocultivo.

El cannabis y sus derivados, en todas sus formas de uso, siguen demostrando su alto valor medicinal y terapéutico. Para muchas personas significa la única respuesta al dolor, una esperanza natural de bienestar. De la mano de cultivadores solidarios, madres, padres, pacientes y profesionales desafiamos la ley y los prejuicios, y junto al cannabis mejoró nuestra vida.

La lucha nos llevó a conseguir la ley de Cannabis Medicinal en 2017, pero hoy sabemos que ayuda muy poco y nos sigue criminalizando por cultivar. La Secretaría de Salud de la Nación pone trabas al INTA y al CONICET para importar o cultivar cannabis con fines de investigación.