El periodista santafesino Ricardo Serruya contó por LT9 los detalles de la nota que se publicó en la Revista Cítrica y que denuncian que personal del Ejército Argentino abusaba de mujeres aborígenes a cambio de alimentos.

“Si no tenían sexo no les entregaban la caja de comida”. Así lo relató Rolando Núñez, el responsable del Centro Mandela de Chaco, quien en un reportaje que le realizó Serruya y en el que dio detalles de la denuncia contra integrantes de la Fuerza de Seguridad que abusaban de mujeres de las zonas más vulnerables de la provincia de Chaco a cambio de alimentos de un plan social.

El Centro Mandela es un organismo de derechos humanos de la provincia de Chaco que trabaja en diferentes áreas desde 1997. La ausencia de mínimas condiciones de vida, la violencia institucional y las terribles consecuencias que deja en las localidades chaqueñas el modelo agrotecnológico -desmontes, fumigaciones, inundaciones- son parte de la agenda de este Centro de Estudios e Investigación social. Su cara visible es Rolando Núñez.

Hace unas semanas, en una de las recorridas habituales que realiza el Centro, Núñez se encontró con un nuevo horror. Uno distinto a todos los horrores que ve, escucha y vivencia en las localidades más postergadas de Chaco que recorre con frecuencia. En Villa Río Bermejito, Núñez escuchó acaso la más vil de las denuncias: que integrantes del Ejército Argentino obligan a mujeres de pueblos originarios y criollas a tener sexo a cambio de cajas de comida.

"Acá, en varias oportunidades, integrantes del Ejército piden sexo para entregar la caja", denunció un pastor en una reunión en Bermejito. Desde ahí, varias mujeres se acercaron para contar cómo es la extorsión

Las cajas —le contó Núñez a Revista Cítrica en esta entrevista exclusiva— pertenecen a un plan asistencial ordenado en 2007 luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En aquel tiempo, el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, había llevado adelante un juicio contra el Estado Nacional y el gobierno provincial ante el posible exterminio por abandono de comunidades de pueblos originarios de Villa Río Bermejito y otras localidades aledañas.

—¿Cómo se enteran del hecho?

—Nosotros el fin de semana largo que fue Semana Santa trazamos una ruta de visita a distintas localidades, parajes y comunidades rurales como habitualmente hacemos. El sábado posterior al Viernes Santo teníamos pautada una asamblea en Villa Río Bermejito. Suponíamos que íbamos a encontrar los reclamos de siempre: hambre, mayor asistencia alimentaria y sanitaria, reclamos por las viviendas construidas cuyos fondos fueron transferidos por Nación, denuncias por atropellos policiales; lo habitual en una provincia tan compleja que atraviesa una tremenda fragmentación social.

La asamblea se hizo a las 8.30 en Bermejito. Había indígenas y criollos pobres y estaba el Pastor Jaime, a quién no conocíamos. Luego supimos que vive en un paraje que se llama “El Estanque”, 40 kilómetros al norte, dentro de lo que es la propiedad comunitaria indígena. El Pastor pidió la palabra y dijo: “Quiero hacer  una denuncia pública. Acá, en varias oportunidades, algunos integrantes de los contingentes del Ejército Argentino, que distribuyen cajas alimentarias que son provistas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, piden sexo para entregar la caja”. Lo dijo así, a quemarropa. El silencio se puso espeso. Pasó un tiempo y propuse que tratáramos a fondo este tema porque, si se había producido esa situación, era un hecho aberrante que había que profundizar con toda la prudencia del caso, sabiendo que una mujer, sobre todo cuando es indígena y víctima de abuso, tiene su lógica vergüenza en un encuentro público como para decir “eso me pasó a mí”. No era posible en esa instancia que alguien lo dijera porque tiene esposo, hijos, padres. Una situación compleja.

—Claro. Las mujeres supuestamente chantajeadas estaban en esa asamblea.

—Sí. En ese momento yo no lo sabía, pero luego supe que sí, que algunas se encontraban en el lugar.

—¿Cómo continuó la asamblea después de semejante denuncia?

—Se hizo un silencio largo, pesado. Había que tener paciencia y en ese momento un dirigente político, llamado Luis Mancini, que además tiene una radio en ese pueblo, manifestó que eso era un secreto a voces y que él había señalado en su programa de radio esta situación, pero que nadie lo escuchaba.

—Ya eran dos los testimonios que denunciaban el hecho.

—En ese marco transmití a la asamblea que cuando terminara me iba a quedar sentado en el mismo lugar y que aquellas personas que quisieran contarnos privadamente alguna situación las íbamos a escuchar. Terminó la asamblea, muchos se fueron pero otros se quedaron y eso hizo que las personas que deseaban hablar del tema en forma privada quedaran a la vista de otros. En un momento se acercaron dos mujeres indígenas. Caminaron despacito y la primera me dijo: “Don Rolando, a mí me pasó eso”. Casi sin mirarla y asumiendo una cláusula de confidencialidad, solo le pregunté si quería contarme que había sucedido —para no estigmatizarla— y ahí me cuenta que si no tenia sexo no le entregaban la caja alimentaria y que tenía que hacerlo. No hice más preguntas y quedamos en silencio, porque en el mundo indígena las respuestas se dan en tiempos. Luego aparecieron algunos detalles, como por ejemplo que se acordaba la cara del chantajeador, pero que más tarde supo que el nombre que le dio no era el que realmente tenía. Esperé y no me dijo más nada. Sabía que en la calle había gente que estaba mirando y eso era un obstáculo para un diálogo más profundo.

—Me dijo que eran dos las mujeres que se acercaron a hablar con usted.

—La segunda mujer me dijo que también tuvo que hacer eso y que lo hizo porque era la única manera de recibir la caja. No dio muchos detalles. Al rato apareció otra mujer. No pertenecía al mundo indígena, era criolla y me confirmó que también la obligaron y que fue ella quién había hablado con el Pastor. El Pastor le había dicho que no tenía porqué volver a hacerlo y que las cajas debían entregarse sin condicionamientos.

—¿Se hará la denuncia judicial?

—Por ahora resolvimos difundirlo, pero no hacer una presentación judicial. Queremos que se instale en la sociedad y se sepa. Lo estamos logrando, porque ya están apareciendo otra denuncias de personas de diferentes lugares que afirman que, para conseguir trabajo, deben canjearlo previamente por sexo con dirigentes políticos o con funcionarios municipales. Son denuncias hechas con reservas. Hay presiones, miedo a no recibir más las cajas, a perder el trabajo o a no conseguirlo. Por ahora obtuvimos un primer resultado: que se haga público. Con eso suponemos que no se repetirá. Pero falta la otra parte: investigar para atrás, desde 2007 que el Ejército Argentino está repartiendo cajas. Hay que investigar para atrás y saber cuántos casos más puede haber que no se denunciaron. Sabemos que va a ser complicado, porque los abusos se prueban sólo por testimonios: el que abusa lo hace en un lugar cerrado no público. Pero tenemos que seguir con este tema. 

—Un fiscal puede investigar de oficio.

—Sí, es cierto, podría hacerlo tomando cualquiera de los reportajes. Pero acá no es habitual que la Justicia penal actúe de esa manera.

—¿Por qué?

—Porque la Justicia de Chaco es una garantía de impunidad del poder político, del cual tiene una dependencia absoluta. Podría intervenir también la Justicia Federal. O el mismo Ejército Argentino puede tomar testimonios a los integrantes de los contingentes que participaron en la distribución. Sabemos que es difícil pero habría que intentarlo.