Personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que los nuclean se movilizaron en la mañana de este jueves frente a la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar contra el "ajuste en discapacidad" evidenciado en el "recorte de pensiones", "aumento de los aranceles de emergencia" y "provincialización del transporte".

Estas organizaciones denuncian que el Programa Federal Incluir Salud -dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad- adeuda a algunas instituciones pagos atrasados de 2017, 2018 y 2019. Ese programa está dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC) que no cuenten con asistencia de servicios de salud, como obras sociales, y atiende unas 30.000 personas en educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos, transporte y hogares.

"A esto se le suma que el Estado, luego de más de un año sin dar aumento en los aranceles de las prestaciones para PCD, dio solamente 13% a partir de mayo de 2019. Esto no llega a cubrir los aumentos dados por diversos sindicatos para este año y se suma a los desfasajes del año anterior", advirtieron en un comunicado.

Por otro lado, cuestionaron la decisión de transferir a las provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las personas a los diversos servicios, "sin tiempo de preparación", lo que "provocó que muchas personas con discapacidad quedaran sin atención en educación, rehabilitación y asistencia".