El fiscal federal de primera instancia número 2 Walter Rodríguez, elevó por nota del 31 de mayo pasado, su preocupación por la “afectación del normal desarrollo de la actividad funcional del Ministerio Público de la Acusación.

La misiva estuvo dirigida al Procurador General de la Nación interino Eduardo Ezequiel Casal, donde se narra que el Juez Federal número 2 de la ciudad de Santa Fe, para conceder una reciente excarcelación de dos personas, argumentó “directivas internas” de las autoridades provinciales a recibir internos del fuero federal y la actual superpoblación de los dos pabellones destinados actualmente a tal efecto.

El fiscal Rodríguez también informa que, de acuerdo a averiguaciones realizadas ante las autoridades santafesinas, el gobierno nacional mantiene una deuda para con el servicio penitenciario provincial de unos 110 millones de pesos aproximadamente, en concepto de manutención de presos federales, y que el último pago en ese concepto fue concretado en 2017.

En el escrito también se recuerda la reciente disposición de “emergencia penitenciaria” dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Actualmente, el 12 % de los internos alojados en la provincia de Santa Fe son derivados a los penales tras haber pasado por los tribunales federales.

Por su parte, fuentes ligadas a la Gendarmería Nacional admitieron las serias dificultades con la que se encuentran al punto de analizar la concreción de allanamientos ante la carencia de lugares donde luego alojar a los futuros detenidos.

Al mismo tiempo, expresan que varios efectivos de las fuerzas federales son destinados a la custodia de detenidos, y no a la prevención o persecución del delito.