Otras tres personas fueron condenadas en el marco de la investigación que encabezan los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez por la realización de maniobras ilícitas en la reparación de móviles policiales. Se trata de Raúl Alberto Patriarca de 50 años, Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 y Maximiliano Edgardo Ambrosio de 38, quienes se suman a otras seis personas a las que ya se les impusieron penas y multas económicas.

Patriarca, Ruiz y Ambrosio fueron condenados como autores del delito de asociación ilícita (en carácter de miembro), en concurso real con la coautoría de defraudación a la administración pública.

En el caso de Patriarca –que era habilitado de la Jefatura de la Policía de la provincia– los delitos fueron cometidos entre enero y marzo de 2015. Por tal motivo, se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además, pagó una reparación económica de 40.658,98 pesos (25 mil pesos en concepto de capital y 15.658,89 pesos en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado. También debió donar 90 mil pesos a entidades de bien público y abonar una multa de 90 mil pesos al Ministerio Público de la Acusación.

Por su parte, Ambrosio cometió los delitos entre enero y junio de 2015. Fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además, donó 90 mil pesos a instituciones de bien público y pagó una multa de 90 mil pesos al MPA.En tanto, Ruiz cometió los delitos entre julio de 2015 y febrero de 2016. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional

Otros condenados

En relación a las otras seis personas condenadas, los fiscales aclararon que “dos son policías y cuatro civiles y en total ya abonaron más de 4 millones 500 mil pesos en concepto de reparación por el perjuicio económico causado, multas y donaciones a entidades de bien público”. Los condenados son los policías Ariel Hernán Villanueva y José María Leiva, y los civiles Andrés Daniel Soto, Facundo José Testi, Noelia Biscari y Artemio Biscari.

Al policía Ariel Hernán Villanueva de 44 años, quien es Contador Público Nacional y se desempeñaba como habilitado de la policía santafesina, se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, debió pagar 795.922 pesos al Estado (600 mil en concepto de capital y 195.922 en concepto de intereses) como reparación del perjuicio patrimonial que generó y debió donar otros 600 mil pesos a cinco entidades de bien público.

Villanueva fue condenado como autor de asociación ilícita (en carácter de miembro) y coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (entre abril de 2015 y febrero de 2016), ambos delitos en concurso real.

También fue condenado José María Leiva de 53 años, quien fue jefe del departamento de Logística de la Policía Provincial. A Leiva se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, debió pagar 204.420,50 pesos en concepto de reparación al Estado; una multa de 90 mil pesos (el monto máximo que permite la ley) al MPA y debió donar 150 mil pesos a entidades de bien público.

La condena a Leiva fue por ser autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita (en carácter de miembro); coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (entre octubre de 2015 y febrero de 2016); autor del delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Todos los delitos fueron en concurso real.

Por otra parte, el chapista Andrés Daniel Soto (de 41 años) fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. La pena que se le impuso fue por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita (en carácter de miembro) y coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (entre abril de 2015 y febrero de 2016), ambos delitos en concurso real. También fue condenado como autor de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.

También fue condenado el civil e imputado arrepentido Facundo José Testi. La pena que se le impuso fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, debió pagar 1.430.836,67 pesos –1 millón de capital y 430.836,67 de intereses– en concepto de reparación por el perjuicio patrimonial que causó; debió donar 1 millón de pesos a entidades de bien público y pagó una multa de 90 mil pesos al MPA. Testi fue condenado por ser autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita (en carácter de organizador) en concurso real con defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por último, hay otros dos civiles que también fueron condenados. Se trata de Noelia Biscari de 40 años y Artemio Biscari de 42, a quienes se les impusieron penas de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además, debieron pagar 90 mil pesos de multa al MPA (cada uno) y debieron donar 90 mil pesos (cada uno) a entidades de bien público. Fueron condenados por la autoría del delito de asociación ilícita (en carácter de miembros) en concurso real con defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En todos los casos, las condenas fueron a través de juicios en los que se abreviaron los procedimientos. En el marco de ellos, los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como fue sostenido por los fiscales.

Jefes policiales investigados

Además de las nueve personas condenadas, hay tres policías investigados, dos de ellos fueron jefes de la fuerza a nivel provincial y otro fue el titular de la Unidad Regional I y del departamento de Logística de la Jefatura de la Policía provincial.

Los exjefes provinciales son OAO de 53 años y RRG de 54. Por su parte, el otro exfuncionario policial imputado es HMM de 57 años. De acuerdo a lo informado por los fiscales Hernández y Jiménez, en los próximos días será presentada la acusación en relación a estas tres personas, oportunidad en la que solicitarán la pronta realización de la audiencia preliminar.

OAO fue imputado como autor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. El período en el que se investiga la comisión de los delitos por parte del imputado es entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico asciende a 1.058.664,20 pesos.

El otro exjefe provincial imputado es RRG –quien cumple prisión preventiva de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud–, a quien se investiga como autor del delito de asociación ilícita (en carácter de jefe), en concurso real con el delito de defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, HMM –exjefe de la Unidad Regional I y del departamento de Logística de la Jefatura de la Policía provincial– fue imputado como autor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con la coautoría del delito de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. El período de tiempo en el que se investiga la comisión de los ilícitos por parte de HMM es entre enero y septiembre de 2015, y el perjuicio económico asciende a 1.204.759,64 pesos.