Una pena de 45 años de prisión solicitó el Ministerio Público Fiscal para los curas del Instituto Antonio Próvolo, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, en tanto que para el exjardinero Armando Gómez pidieron 22 años y medio de prisión.

Para el caso del jardinero, los fiscales morigeraron la pena argumentando su condición de hipoacúsico, de poca instrucción (es analfabeto) y muy influenciable, de acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales.

Los dos sacerdotes y el jardinero están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 28 casos.

Corbacho (59) está siendo juzgado por 16 hechos: tres de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, siete de abuso sexual con acceso carnal, cuatro de abuso sexual simple, uno por abuso sexual gravemente ultrajante y uno por corrupción de menores.

A Corradi (83) se lo juzga por seis hechos: dos por abuso sexual gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal; y dos por corrupción de menores.

Si bien el octogenario sacerdote italiano cuenta con 10 hechos menos que el cura argentino, su situación judicial se agrava debido a que oficiaba como regente del Próvolo, y era el responsable de la guarda de los menores allí alojados.

Al jardinero Gómez se le achacan seis hechos: uno por abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; dos por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; y dos por corrupción de menores.

La causa tenía un cuarto imputado, el administrativo Jorge Bordón (57), quien hace poco más de un año habría roto un tácito pacto de silencio y reconoció su participación en los 11 hechos de los que se lo acusaba, y en un juicio abreviado fue condenado una pena de 10 años de prisión, acordada entre su defensa y el fiscal Gustavo Stroppiana.

Ayer comenzó haciendo su alegato Stroppiana, fiscal que realizó toda la instrucción de la causa, y luego hizo lo propio el jefe de los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, que concluyó su alegato hoy, tras lo cual pidió las penas en representación del Ministerio Público Fiscal.

Ahora es el turno de los alegatos de la querella, y luego harán lo propio desde la defensa, y se espera que la semana próxima, el Tribunal Penal Colegiado N°2, compuesto por los jueces Carlos Díaz, Aníbal Crivelli, y Mauricio Juan, dicte sentencia. 

Fuente: Agencia Télam