El ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, presentó este miércoles a referentes de organizaciones que abordan la temática de género propuestas para la reglamentación de la Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación a los agentes y funcionarios del Estado en la materia.

El objetivo del encuentro fue intercambiar miradas hacia el enriquecimiento de los mecanismos de capacitación necesarios que aporten a construir sociedades libres del violencias en el marco de la ley. Asistieron referentes de colegios profesionales, gremios, organizaciones de mujeres y otros integrantes del Consejo Provincial, para prevenir, asistir y erradicar la violencia machista.

“Entre las primeras decisiones que tomamos al inicio de la gestión fue la de jerarquizar el área de género, y a lo largo de los años hemos ido avanzando no sólo en la generación de políticas públicas sino a la transformación cultural y de paradigma en todo el gobierno provincial”, señaló Alvarez.

“Estamos convencidos que la mirada colectiva e integral que realizamos desde el Ministerio de Desarrollo Social es vital. La discriminación y la violencia son conductas sociales, en las que trabajamos para disminuirlas y tratamos de cambiarlas, pero esa transformación sólo se logra si trabajamos juntos, el Estado, las organizaciones sociales y los ciudadanos”, concluyó.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa, precisó que “estas propuestas son fruto de instancias sumamente participativas y hacen referencia a lo que creemos debería contener el reglamento de una ley que obliga al Estado a capacitarse".

“En los últimos dos años y medio, por decisión de municipios y comunas, y con fondos de esta subsecretaría, se crearon 210 áreas mujer en distintos puntos de la provincia con la búsqueda constante de seguir fortaleciendo el Estado; un Estado de integre, que contemple las identidades y culturas diversas de la provincia de Santa Fe, seguir dando respuesta a las desigualdades que producen violencia, y seguir luchando por nuestros derechos, desde el lugar donde cada una de nosotras estemos”, finalizó la subsecretaria.

La actividad se llevó a cabo en ATE Casa España de la ciudad de Santa Fe; mientras que una similar se realizará este jueves desde las 11:30, en el Salón Rodolfo Walsh, ubicado en la sede de Gobierno en Rosario, San Lorenzo 1949.

Las propuestas

• Capacitación obligatoria en derecho y perspectiva de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• Cada uno de los organismos públicos deberán presentar un programa de capacitación. La Subsecretaría de Políticas de Género certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
• La capacitación de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial estarán a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género.
• La Subsecretaría de Políticas de Género, o el organismo que la reemplace, será quien articule con los Colegios de Abogados de la provincia, para el desarrollo de la capacitación, pudiendo hacer extensiva la convocatoria a otros organismos vinculados a la temática.
• Publicación en la web oficial de un programa de capacitación con un temario de abordaje obligatorio para los tres poderes del Estado.
• Realizar convenios de cooperación con otras áreas de género competentes para llevar adelante las capacitaciones, como universidades, facultades, institutos, gremios estatales y organizaciones feministas de la sociedad civil con amplia trayectoria en el abordaje de las violencias con perspectiva de género.
• El Observatorio de Políticas de Género elaborará anualmente un informe acerca de la cantidad de personas capacitadas en cada unidad de organización (ministerios, organismos de control, poder legislativo, poder judicial, etc.) y un balance acerca del cumplimiento efectivo de cada organización estatal.
• Exigir como requisito obligatorio la certificación correspondiente a la capacitación que legisla la presente ley en todos los concursos abiertos o internos, ya sea para acceder o ascender a un cargo del Estado.
• Obligatoriedad de las autoridades de los gobiernos locales a capacitarse en la temática violencia de género.
• Los convenios, actas acuerdos y/o compromisos que se concreten con instituciones públicas y privadas cuyo objeto sean la promoción y defensa de los derechos humanos deberán incluir como cláusula obligatoria la capacitación en Ley Micaela.

Ley Micaela

Esta Ley, que lleva el nombre de la joven asesinada en Gualeguaychú, obliga a capacitar a en materia de género y diversidad sexual a todas las personas que integran los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías. 

La formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones en las que Argentina sea parte. Incluye, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica de actuación