La Fiscalía de Estado de Santa Fe presentará este miércoles a la Corte Suprema de la Nación la liquidación de la deuda que la Nación acumuló con la provincia por el descuento indebido de fondos coparticipables entre 2009 y 2015, que hoy suman 51.250 mil millones de pesos.

El reclamo llegó al máximo tribunal a raíz de que la administración de Mauricio Macri no respondió a la propuesta de cancelación que realizó la provincia.

"He dado orden al fiscal del Estado para que prepare la liquidación y la presente en la Corte", dijo ayer el gobernador Miguel Lifschitz durante una entrevista con La Ocho. Por la tarde, el titular de la fiscalía, Pablo Sacone, confirmó que el escrito "estaba viajando a

Buenos Aires" para ser presentado hoy a primera hora.

El documento se añade al expediente por el cual la Corte Suprema ya falló, en noviembre de 2015, a favor de Santa Fe. En esta ocasión, expone el cálculo del monto adeudado y la propuesta de pago que formuló oportunamente el Estado provincial, así como una glosa sobre por qué se llega a esta instancia.

De hecho, fue el propio tribunal el que instó a la Nación y a la provincia a acordar una fórmula de pago por esa deuda, generada durante los años que pasaron desde que el Estado provincial presentó su demanda para que cese el descuento.

Ese descuento había sido acordado durante los años 90, en el marco de la privatización del sistema jubilatorio. Por uno de los pactos fiscales de esa época, las provincias resignaban 15 por ciento de la coparticipación para financiar el déficit que generó en la Ansés la puesta en marcha de las AFJP.

El gobierno provincial no renovó ese pacto a su vencimiento, en 2006, pero la Nación lo extendió unilateralmente.

En 2009, luego de agotar un intento de acuerdo político con la administración de Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador Hermes Binner, respaldado por sus antecesores y la mayoría del arco político, recurrió a la Corte.

Tras el fallo favorable del máximo tribunal, cesó el descuento pero se abrió una instancia de negociación para el pago de la deuda acumulada por la detracción indebida.

Ante la falta de avance, hace unos meses, el gobernador y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, presentaron una propuesta. Según la misma, el gobierno nacional

pagaría 7.500 millones de pesos en 2018, una cifra similar en 2019, y el resto en títulos de deuda a cuarenta años.

En su momento, el titular de Economía explicó que esos 7.500 millones de pesos significan el 0,3 por ciento del presupuesto nacional.

"Por cada millón de pesos que la Nación gasta, debería pagar 3 mil pesos para cumplir con esta deuda", dijo.

Pese a estas argumentaciones, la Nación no ofreció una respuesta concreta, y tampoco incluyó en el proyecto de presupuesto nacional para 2018 partidas destinadas a cumplir con ese pago.

Esa indiferencia llevó al gobernador a activar el reclamo ante la Corte. Así lo adelantó la semana pasada, durante un acto con gremios rosarinos. Y estimó que la resolución no demoraría seis años, como el reclamo original, "porque ahora ya hay un fallo, ya no hay dudas sobre los fundamentos de la cuestión de fondo".

"Hay un fallo que es irrevocable, inapelable, es un fallo de la Suprema Corte, por lo tanto simplemente lo que tiene que hacer el tribunal es lograr que las partes involucradas lleguen definitivamente a un acuerdo", dijo.