Piden que la Corte defina la disputa judicial entre Córdoba y San Luis por el cierre de rutas
Este jueves en diálogo con LT9, Antonio María Hernandez, patrocinante de transportistas y ruralistas de Río Cuarto y Vicuña Mackena sostuvo que "presentamos un recurso de amparo ante el juez federal de Río Cuarto porque se están violando derechos constitucionales y derechos humanos" al no poder transitar.
JUEVES 23 DE JULIO DE 2020
La Corte Suprema tendrá que decidir si acepta o rechaza un pedido del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, para resolver la demanda de grupo de entidades rurales del sur de Córdoba contra el Gobierno de San Luis por el bloqueo de rutas durante la pandemia.
La decisión del juez fue tomada luego de que rechazara el pedido del Gobierno de San Luis, que había solicitado la incompetencia territorial del juzgado de Río Cuarto y la remisión de la causa a la justicia federal de esa provincia por considerarla competente.
Este jueves en diálogo con LT9, Antonio María Hernandez, patrocinante de transportistas y ruralistas de Río Cuarto y Vicuña Mackena sostuvo que "Presentamos un recurso de amparo ante el juez federal de Río Cuarto porque se están violando derechos constitucionales y derechos humanos".
"El juez de Río Cuarto hizo lugar al amparo, pero un juez de San Luis a instancias del gobierno de esa provincia, ante la colisión de intereses, giró la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó.
"Con la vuelta de la actividad a la Corte Suprema de Justicia esperamos que se resuelva lo antes posible, porque esta situación se cobró vidas humanas. Hay gente que cree que la emergencia está por encima de la Constitución", agregó.
Cabe recordar que el 1° de julio, el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda avaló la medida cautelar impuesta por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y dictaminó que se “respeten” todas las medidas para el ingreso y egreso de los camiones a la provincia debido a la pandemia. En simultáneo, la Justicia de Córdoba dictó una resolución en sentido contrario y ordenó al Gobierno puntano levantar los bloqueos, haciendo lugar de esta manera a la cautelar presentada por las sociedades rurales de Río Cuarto y Vicuña Mackena, la Asociación Civil de Transportistas y el Consorcio Caminero de Achiras.
La resolución judicial cordobesa “ordena al señor gobernador de la provincia de San Luis que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial N° 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la provincia de Córdoba y San Luis”.
El dictamen destacaba que “el Estado provincial tiene el deber de establecer su accionar frente a la pandemia de Covid-19 teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: por un lado, que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación positiva; a lo que deben sumarse los deberes del Estado Provincial: combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud”.
