El Ministerio de Seguridad denunció ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia (ahora llamada Agencia de Control Policial) pagó durante la gestión de Maximiliano Pullaro con fondos reservados los honorarios de los abogados que defendieron al personal policial acusado de ser responsable de la desaparición forzada y muerte de Franco Casco.

La denuncia consigna que la acusación realizada por el Ministro Saín surge de un relevamiento que solicitó a principios de año sobre las "Partidas Presupuestarias recibidas destinadas al desarrollo y actividades de la Dirección Provincial de Asuntos Internos" correspondiente al período 2015 – 2019.

En dicho informe se afirma que entre el mes de octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados y que “era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el Caso Casco”. Se consigna el presunto destino de casi un millón de pesos de gastos reservados del área de Asuntos Internos de la Policía provincial, para pagar a un abogado que defendió a cinco efectivos imputados por encubrimiento en la causa por la desaparición seguida de muerte del joven Franco Casco en la ciudad de Rosario.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe, a cargo de Mariela Giménez, y el fiscal asignado para la investigación del caso es Ezequiel Hernández.

La presentación solicita además a la Comisión de Ética Pública Provincial que se expida sobre el caso, puesto que el abogado contratado por la Policía había sido asesor del Ministerio de Seguridad y estaría incurso en “incompatibilidades y conflicto de intereses”.

Franco Casco, era un joven bonaerense que, desapareció en Rosario a principios de octubre de 2014 y su cuerpo apareció flotando casi un mes después en el río Paraná. Su visita a esa ciudad tuvo como motivo visitar a familiares. La autopsia realizada al cuerpo de Casco, dictaminó que fue arrojado muerto al agua y que falleció producto de golpes que sufrió en la comisaría 7ma de Rosario, donde estuvo detenido. A fines de 2019, la Justicia Federal elevó a juicio la causa por desaparición seguida de muerte de Casco.