El gobierno de Omar Perotti cumplió un año sin aumentar las boletas de luz y agua, en una decisión que contrasta con la política de incrementos tarifarios anuales que caracterizó a las administraciones socialistas de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

Durante su campaña electoral, el actual Gobernador, propuso congelar el precio a los usuarios de los servicios que dependen de Provincia. En esa línea, y en adhesión a la nueva política nacional, se firmó a fines de enero el decreto N°69, mediante el cual se cristalizó el compromiso que incluyó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas SA (ASSA), y a los peajes de las rutas. La medida, fue inicialmente por 60 días, pero luego se prorrogó hasta garantizar el congelamiento tarifario hasta fin de año.

Hay que remontarse hasta el año 2007, durante el gobierno de Jorge Obeid, para encontrar un enfoque similar. Desde el cambio de signo político en la Provincia, hubo al menos dos aumentos anuales, salvo la excepción de 2014, año en el cual hubo una iniciativa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para canjear congelamiento en las boletas por fondos nacionales para obras, todo ello con el objeto de desacelerar la alta inflación de ese momento. Santa Fe fue una de las últimas jurisdicciones en firmar el acuerdo por aquel entonces.

De esta manera, la factura de la luz tuvo un salto superior al 3.000% durante los 12 años de administraciones socialistas, pese a que el costo de la electricidad mayorista, principal insumo de la EPE, se mantuvo sin modificaciones hasta la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. En el caso del agua, la suba quedó arriba del 2.800%. 

En todo ese período, la inflación medida por Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), no llegó al 1.900%, es decir, muy por debajo de la variación tarifaria. En los decretos de Perotti que dispusieron los congelamientos, se puede encontrar el argumento para el giro de 180° respecto del pasado reciente: “Resulta necesario contribuir a la atención de la situación de vulnerabilidad económica y social de la población, para dar viabilidad a los sectores productivos y aliviar el peso de los gastos vinculados a las tarifas de los servidos públicos, en la economía de los hogares santafesinos, y en la estructura de costos de las empresas, industrias y comercios de la provincia”.

Fuente: La Opinión