Un hombre de 44 años identificado como Carlos María Podio Barreiro fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en el marco de una investigación penal por la autoría de los delitos de amenazas, amenazas coactivas y lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género) cometidos en Rafaela.

La sentencia fue resuelta por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo ayer en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

La fiscal que investigó los ilícitos es Ángela Capitanio, quien también representó al MPA en las audiencias de primera y de segunda instancia, respectivamente, que se llevaron a cabo en el marco de la investigación.

“Podio admitió su culpabilidad en la comisión de los ilícitos atribuidos por la Fiscalía. En total fueron 11 hechos acerca de los cuales expresó su conformidad con las calificaciones legales atribuidas”, subrayó la fiscal.

La funcionaria del MPA también destacó que “el condenado aceptó la pena impuesta, el decomiso de dos armas de fuego que eran de su propiedad, una serie de estrictas reglas de conducta y el pago de los gastos generados a raíz del inicio de la investigación penal”.

Relación desigual

Capitanio precisó que “Podio fue condenado como autor de los delitos de amenazas simples (cinco hechos); amenazas coactivas (cuatro hechos) y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género (dos hechos)”.

“Tal como lo planteamos en la investigación y en la audiencia de juicio, los ilícitos fueron cometidos entre marzo de 2018 y octubre de 2020”, detalló la fiscal.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “los ilícitos sufridos por la víctima dan cuenta de una relación desigual de poder con el condenado, tal como está normado en la ley nacional número 26.485 de protección integral a las mujeres”.

También remarcó que “los dos hechos en los que Podio agredió físicamente a la víctima no fueron situaciones aisladas, sino el resultado de un sometimiento constante y un permanente menoscabo de la dignidad de la víctima como mujer”.

Normas de conducta

Además de la imposición de la pena, el condenado deberá cumplir normas de conducta. “Una de ellas fue el pedido público de disculpas que debió hacer Podio en la audiencia de juicio, a raíz de declaraciones que él mismo había hecho en otras instancias del proceso acerca de la víctima, de familiares de ella y de su entorno más cercano”, informó Capitanio.

La fiscal también indicó que “el condenado debió abonar al MPA los gastos generados a raíz del inicio de la investigación penal”.

Capitanio dijo que “el condenado deberá realizar un taller de perspectiva de género y un tratamiento psicológico dirigido especialmente a la problemática relacionada a la violencia de género”. Asimismo, manifestó que “también deberá hacer un tratamiento psiquiátrico, el que será determinado luego de una evaluación que le harán profesionales de la Junta de Salud Mental y/o del Instituto Médico Legal del Poder Judicial”.

“El juez también ordenó que el condenado deberá publicar en medios de comunicación los términos de la sentencia que la víctima considere oportunos”, sostuvo la fiscal y agregó que “también dispuso que familiares y personas del entorno más cercano del condenado se abstengan de exponer cuestiones relativas al caso ante la prensa”. En el mismo sentido, la fiscal explicó que “el magistrado resolvió que cuatro familiares de Podio y una persona de su entorno más cercano se abstengan de ejercer cualquier acto que implique hostigamiento hacia la víctima y sus allegados”.

Armas de fuego

En su resolución, el juez también dispuso el decomiso de dos armas de fuego. “Se trata de una pistola calibre 9 milímetros –con dos cargadores– y una carabina, más 961 cartuchos de distinto calibre y 385 vainas servidas, todo lo cual fue secuestrado en el marco de las diligencias realizadas en la investigación”, concluyó Capitanio.

Víctima

“El juez también resolvió que se debe proveer a la víctima de un dispositivo adecuado de alerta inmediata para que tenga a su disposición para cualquier situación de violencia”, específico Capitanio. “El magistrado aclaró que puede ser un botón de pánico, una pulsera dual o el que se determine”, apuntó la fiscal y aclaró que “también ordenó que los costos que implique este dispositivo deben ser a cargo del condenado”.