La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que disponía la excarcelación de dos personas que habían sido detenidas por integrar una banda dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes. Con el voto de los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma en disidencia- el tribunal hizo lugar a los planteos de los fiscales federales Claudio Palacin y Javier De Luca, quienes habían solicitado la anulación de la medida que favorecía a Cristian Gamarra y Débora Flores.

Gamarra y Flores están imputados en una causa junto a otras dos personas. En la etapa de instrucción, el fiscal Walter Rodríguez solicitó que fueran elevados a juicio al quedar demostrado que todos integraban una banda que transportaba narcóticos desde Formosa hasta la ciudad de Santa Fe, en donde comercializaban los estupefacientes.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que los acusados obraban con cobertura policial, entre los que se encontraba el ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Miguel Gribaldo, quien fue detenido el 27 de septiembre del 2016, en el marco de una investigación por narcotráfico desarrollada por el Juzgado Federal de Reconquista.

El 26 de diciembre de 2016, el juez de primera instancia dictó la prisión preventiva de Gamarra y Flores, una resolución que fue revocada parcialmente por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Ante este escenario, el fiscal general ante ese tribunal de alzada interpuso un recurso de casación en el que destacó que la Cámara no tuvo en consideración la gravedad del hecho atribuido, la magnitud de la pena posible, las sospechas de vinculación de los imputados con integrantes de la policía provincial y la posibilidad de que la organización de la que habrían formado parte los acusados tuviese vínculos con personas de otros países.

En su intervención, De Luca destacó que el decisorio criticado “omitió considerar los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la lucha contra el narcotráfico que impone a los operadores del sistema merituar los eventuales riesgos procesales con la mayor prudencia y mesura”.

Gamarra y Flores están procesados por comercio de estupefacientes en concurso real con la modalidad de tenencia con fines de comercialización, ambos agravados por la intervención de tres o más personas de forma organizada. Para los jueces de Casación, la pena en expectativa prevista permite “presumir que intentarán eludir la acción de la justicia en caso de recuperar la libertad”.

Los magistrados también remarcaron que en el entramado delictivo podría encontrarse vinculado personal policial, una cuestión que, advertida por los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, los llevó a disponer que se profundice la investigación en esa línea. Sin embargo, omitieron ponderar eso mismo al momento de analizar los riesgos procesales. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal también destacó la existencia de vínculos con el extranjero, y que esta misma cuestión no fue valorada como un dato que refuerza la presunción legal de fuga o entorpecimiento de la investigación.

En el caso de Flores, quien habría oficiado como vendedora en la organización, es la pareja de quien sería el cabecilla de la organización y la persona a cuyo nombre aparece expedida una factura de electricidad de una de las casas allanadas al momento de su detención. En dicho procedimiento, además de estupefacientes, se hallaron municiones de armas de fuego. Por su parte, Gamarra era la persona en quien el organizador delegaba la compra de estupefacientes para abastecer a quienes efectuaban la venta al menudeo.

Por estos motivos, la sala III decidió hacer lugar al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida que dispuso la libertad de ambos imputados y ordenó su prisión preventiva.