En una medida sorpresiva, el Gobierno anunció la eliminación de los impuestos para los consumos con tarjetas de crédito en las plataformas de gaming, como Steam y Playstation, las cuales eran alcanzadas por el 21% de IVA y el 30% de percepción.

La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales, quien manifestó que la resolución de ARCA elimina "la percepción del 30% en las transacciones que se realicen en dichas plataformas a través de tarjetas de crédito en moneda extranjera".

Si bien la decisión fue celebrada por miles de gamers en todo el país, las críticas no tardaron en llegar desde distintos sectores que ven en esta medida un síntoma de prioridades invertidas.

Mientras se eliminan subsidios, se paralizan obras públicas, se congelan programas sociales y se achican presupuestos universitarios, el Gobierno decide beneficiar a una industria que, aunque en crecimiento, no representa una necesidad básica ni un motor económico estratégico.

La contradicción es tan evidente como preocupante: el Estado se retira de sus responsabilidades básicas, recorta fondos universitarios, congela salarios docentes, despide trabajadores estatales y elimina medicamentos esenciales, pero decide aliviar el bolsillo de quienes consumen entretenimiento digital en moneda extranjera.

A esto se suma una cuestión técnica cuestionable: los consumos en estas plataformas se pagan al tipo de cambio oficial, lo que significa que el Banco Central deberá cubrir esa diferencia con reservas que escasean. En otras palabras, el Estado resigna ingresos y pierde dólares para subsidiar videojuegos.

Abaratar el costo de los videojuegos puede ser una medida popular en redes, pero en en este contexto es una burla para los miles de jubilados y jubiladas que se movilizan cada semana porque no logran cubrir sus necesidades mínima y más de la mitad de las infancias viven en situación de empobrecimiento.