El Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe se expresó en torno a los recurrentes casos de femicidio. Desde el área de género de este colegio profesional y su comisión directiva reflexionaron sobre la actual situación de violencia machista.

En un comunicado, señalaron que “somos parte de la sociedad patriarcal en la que vivimos y actuamos cotidianamente. Retomamos los ejes éticos de libertad, justicia y derechos humanos. Estos valores imponen definir posicionamientos y proponer acciones posibles en el quehacer de nuestras intervenciones profesionales”.

Agregan que “las violencias de géneros se han apropiado de cuanto espacio ocupamos las mujeres y/o las identidades diversas. Se trasponen los límites racionales, legales e institucionales, despreciando el derecho a la vida digna que nos merecemos”.

En este sentido, desde el Colegio precisan que “cada femicidio nos interpela, se engrosan las estadísticas provocando desde indignación hasta estallidos, puebladas y peor aún, hartazgo ante lo que debiera evitarse. Hemos avanzado a fuerza de luchas colectivas, pero es insuficiente. El compromiso y la voluntad solidaria de muchas y muches, se topa con los muros de indiferencia de quienes debieran tomar decisiones oportunas y/o poner en vigencia las legislaciones existentes”.

Ante lo expuesto, la entidad reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral; la implementación de la Ley Micaela con continuidad; instalar áreas especificas e interdisciplinares para asistencia en territorios ante las situaciones de violencias; asignar recursos colocando tobilleras electrónicas; y asignar asistencia letrada gratuita, especializada en perspectivas de géneros a todas las posibles víctimas.

“En síntesis, prevenir, llegar eficazmente con todas las políticas públicas concretas porque no hay muerte que pueda resarcirse si no es con Verdad y Justicia. En contexto de pandemia, la vulnerabilidad se expande. Los femicidios, travesticidios y todas las violencias de géneros no constituyen una pandemia, son violencias propias del sano patriarcado. Estas situaciones no se ahuyentan con punitivismo ni discursos deseables, sino con eficiencia y eficacia del accionar estatal en todos los ámbitos”, concluye el comunicado.

En diálogo con Primera Mañana, la responsable del área de género del Colegio de Asistentes Sociales admitió que la Ley de Educación Sexual Integral es un reclamo que hacen los propios niños y niñas; y que “favorecerían los cambios culturales”.

“Creemos que las perimetrales o restricciones para los violentos no son efectivas, no se cumplen por eso pedimos la colocación de tobilleras. Son las mismas potenciales víctimas las que deben protegerse”, indicó González.

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