El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia autorizó días atrás un incremento tarifario promedio levemente superior al 31% para la EPE, un porcentaje inferior al 33,8% que había solicitado la empresa. Leído de esta manera, a modo de título, parecería que se repite la historia de los 12 años del Frente Progresista, en los cuales los aumentos anuales de la boleta de la luz fueron una marca de fábrica. Sin embargo, es posible encontrar divergencias, que en realidad están a simple vista.
Antes de entrar a ese análisis comparativo, es necesario subrayar que un aumento de tarifas nunca es una buena noticia para los usuarios, más allá de las lógicas razones de equilibrio presupuestario e inversiones de la empresa. Es una obviedad, pero debe ser señalado, más aún en un contexto de alta inflación, especialmente si se tiene en cuenta que la variación en el costo de los servicios tiene un impacto indudable en el conjunto de los precios. La aguda discusión interna en el gobierno nacional por este aspecto exime de mayores comentarios.
Dicho esto, la primera diferencia que salta a la vista es el momento del año en el que se empieza a aplicar la suba tarifaria: otoño. Durante los gobiernos del FPCyS, los aumentos usualmente impactaron en las temporadas estivales, cuando más consumo energético se produce en los hogares como consecuencia del mayor uso del aire acondicionado y la heladera. Así, al menos 2 de los 4 veranos de la gestión de Perotti habrán pasado sin modificaciones en la boleta de la EPE.
Otro de los aspectos a señalar es que el incremento está prácticamente en línea con la pauta inflacionaria de los presupuestos nacional y provincial. Se autorizó un alza global escasamente superior al 31% (los tramos son acumulativos) frente a una previsión para los precios del 29%, que es muy factible que en la práctica termine siendo una cifra bastante más alta. Para tener una idea de lo ocurrido en administraciones anteriores basta con revisar un estudio que hizo el actual jefe del bloque oficialista de diputados provinciales: mientras que la inflación entre 2008 y 2019, medida por IPEC, fue 1.260%, la tarifa eléctrica aumentó 2.949%.
Pero además, en este caso, la evolución de las boletas de la EPE es menor a la de los salarios acordados en las paritarias provinciales. En la cifra final, 31% a 35%. Por tramos, 14% a 18% en el primer escalón, empate en los últimos dos aunque con incrementos de sueldos en meses anteriores. Más aún, el último paso en alto de la tarifa se dará recién en noviembre, es decir que el impacto pleno casi no se sentirá en 2021. Las cifras del diputado Busatto mencionadas en el párrafo anterior proveen una referencia sobre lo ocurrido en las tres administraciones previas en este sentido.
No es sólo eso. Casi un tercio de los usuarios residenciales, alrededor de un millón de jubilados/as y beneficiarios/as de tarifa social, tendrá un tope del 14% en el aumento. Es decir que en 32 meses, prácticamente 3 años, ese será todo el incremento para esa franja de santafesinos y santafesinas. Y, según el documento que presentó la empresa presidida por Mauricio Caussi en la audiencia pública, se establecerá antes de fin de año una segmentación territorial por calidad de servicio.
A propósito de la mirada hacia el futuro cercano, el gobernador anunció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura que enviará dos proyectos: uno sobre la creación de un órgano regulador para todos los servicios y otro para transformar la EPE en una Sociedad del Estado. Respecto de este último, el borrador original, al que accedió LT9, dispone “garantizar tarifas en moneda argentina y razonablemente compatibles con el poder de compra” y establece un único esquema tarifario para toda la provincia, lo cual incluye a las cooperativas que prestan el servicio en varias localidades, muchas veces más caro.
Y además avanza en un punto sensible: la EPE y las cooperativas “estarán exentas del pago de todo gravamen o tributación de origen provincial y municipal en las actividades, instalaciones o bienes destinados a la prestación del servicio público de electricidad”. Por ejemplo, con el impuesto a los Ingresos Brutos, hasta ahora el Tesoro provincial incrementa su recaudación cada vez que aumenta la tarifa. De mantenerse este punto en el proyecto final y aprobarse en la Legislatura, el criterio será exactamente el contrario. Vale decir, una suerte de subsidio que derivará en una baja en el monto final de la boleta de la luz. Baja menor, pero baja al fin.
