La secretaria gremial de la Federación Argentina de la Sanidad (Fatsa), Susana Strochero, sostuvo por LT9 que en la clínica Sagrada Familia, expropiada por el Gobierno provincial al comienzo de la pandemia, hay más de 30 camas "listas para ser usadas" pero sin embargo están sin utilizar.

"Faltan camas en los ámbitos público y privado. La saturación a causa del Covid es asombrosa. Estamos en un momento crucial de la pandemia. El Gobernador lo puso a disposición del Ministerio de Salud hasta que termine la pandemia. ATSA Santa Fe estuvo cuidando este establecimiento para que no fuera vaciado, se hizo cargo la cartera sanitaria, cambió la llave, estaban todos muy contentos. Pero después intervino alguna mano misteriosa, el sanatorio se cerró y se llevaron la llave", expresó Strochero.

En la misma línea, la dirigente gremial aseguró que allí hay ocho camas de terapia más 25 con acceso a oxígeno de forma directa. "Están montadas en un ambiente climatizado, listas para usarse. Pero interponen la excusa del recurso humano algunos sectores intermedios del Ministerio de Salud para que esto no sea habilitado. Recurso humano falta en toda la provincia", remarcó.

"Están tomando trabajadoras y trabajadores todo el tiempo. El Estado está requiriendo todo el personal que se va recibiendo, y si lo están poniendo en otros ámbitos también lo pueden poner en la Sagrada Familia. Se está saboteando una decisión política que se tomó con la visión de estar prevenidos y a la vez se está desperdiciando. Es inadmisible que sectores medios enquistados en el Ministerio de Salud desde hace muchos años no permitan que se ejecuten las medidas políticas que se adoptan. Apunto a la burocracia", aseveró Strochero en diálogo con Osvaldo Medina y Mariano Bravi.

En consonancia con esto, dijo que esta "burocracia" está integrada por personas de la "oposición" que sabotean las decisiones del Gobierno. "En esto gana el dueño de la Sagrada Familia, ya que no se utiliza su establecimiento y que cuando pase la pandemia quedará de vuelta en manos del doctor Di Giovanni que es el propietario. Evidentemente hay algo extraño que tiene que ver con cómo se está manejando de ocupar esas instalaciones", añadió.

"Nos preguntamos cómo es que si faltan camas hay un sanatorio que no es utilizado. El Gobierno pagó en su momento un canon que sirvió para pagarles a los trabajadores de la clínica en el momento que cerró y les adeudaba el salario de un mes más aguinaldo", afirmó.

El centro de salud privado ubicado en inmediaciones de avenida Rivadavia y Suipacha de la ciudad de Santa Fe cerró a principios del 2020, antes que llegue el coronavirus al país y a la provincia, y hubo conflictos entre sus trabajadores y el propietario que incluso no se presentó a una serie de citaciones que efectuó el Ministerio de Trabajo e incluso hasta fue buscado por la Policía. La expropiación para sumarla al sistema sanitario fue anunciada en abril de ese año y concretada en mayo.

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