El Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo para que las personas privadas de su libertad comprendidas en las categorías de grupo de riesgo, con las edades requeridas, con o sin comorbilidades, sean incluidas en el plan provincial de vacunación contra la covid-19.

La acción fue interpuesta conjuntamente por la defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione; y el defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti. En la misma, señalaron que "la provincia no incorporó en el proceso de vacunación a las personas privadas de su libertad, pese a cumplir con los mismos requisitos que son exigidos a la población general".

Al respecto, Jaquelina Balangione describió como "una omisión discriminatoria la decisión de la autoridad sanitaria provincial por no instrumentar los mecanismos para inocular a la población carcelaria que reúne las condiciones exigidas por el plan general, teniéndose en cuenta que muchas personas podrían estarlo si se encontrasen en libertad".

También planteó por LT9 que "es preciso considerar que las personas privadas de su libertad no poseen dispositivos con conexión a internet" para los trámites de inscripción.

"Vale destacar que la Defensa Pública no exige que las personas sometidas a encierro sean consideradas como un grupo especial o prioritario en el proceso de vacunación, sino que aboga para que la privación de libertad no opere como un impedimento el cual se entiende, afecta derechos constitucionalmente protegidos como el derecho a la salud y el derecho de igualdad ante la ley", indicó la funcionaria en Dame Radio.

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