La Junta de Fiscales, conformada por los cinco fiscales regionales de la provincia, junto con el Fiscal General Jorge Baclini, se reunieron en la ciudad de Santa Fe para analizar las modificaciones aprobadas en la legislatura a las ley 13.013, que rige el proceso de remoción de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

A través de estas modificaciones a las citadas leyes, el poder disciplinario de los Fiscales y Fiscales Adjuntos se traslada a la órbita del Poder Legislativo.

Al respecto, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación advirtieron que “la nueva norma conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal en tanto modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional”.

"La Junta de Fiscales manifiesta su preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma. Llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año", sostuvieron en otro tramo del comunicado.

Y agregaron que "las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los Fiscales y Fiscales Adjuntos en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Como una posible alternativa a estas modificaciones, la Junta planteó que se mantenga el mecanismo anterior, por el cual "un Auditor de Gestión es quien investiga y acusa a los fiscales". Y que, además, "establecía que un tribunal integrado por distintos estamentos institucionales –un Diputado; un Senador; un representante de los colegios de abogados; un Fiscal Regional; y el Fiscal General (con voto solamente en caso de empate)– era el encargado de juzgar".

Al respecto, el Fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini, hizo un pedido al gobernador Miguel Lifschitz que haga uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación, que coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de la calidad institucional.