Leonardo Peiti, un empresario del juego clandestino aceptado como imputado arrepentido en una causa en la que reconoció haber pagado coimas a jueces y fiscales, y aportado dinero a campañas políticas en Santa Fe, fue condenado a 3 años de prisión efectiva y al pago de una multa de 47 millones de pesos como organizador de una asociación ilícita y por cohecho.

Al respecto, uno de los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra, contó los pormenores del caso en diálogo con Primera Mañana por LT9. 

"En la primera parte de la audiencia le explicamos al juez por qué la declaración y los aportes de Leonardo Peiti eran significativo para convalidar la hipótesis que sosteníamos nosotros. Esa evidencia le daba verosimilitud al relato, y con ello poder avanzar hacia las instancias superiores de la organización criminal", aseguró el funcionario del MPA.

Y agregó: "Eso fue lo que el juez aprobó ayer, dijo que las pruebas que le presentamos eran relevantes para poder asumir la responsabilidad penal del fiscal regional (Patricio Serjal), de otro fiscal (Ponce Ashad) y de un empleado. Y también para avanzar en la investigación contra el senador Traferri, con lo que no pudimos prosperar hasta tanto no tengamos el planteo sobre los fueros parlamentarios". 

Peiti, de 48 años, tenía permisos lícitos para la explotación de juegos de azar en Formosa, Misiones y Paraguay, y ahora fue condenado en Santa fe un juicio abreviado en el que cinco fiscales acordaron con su defensa una pena de 6 años, la cual fue reducida a la mitad por su aporte como colaborador.

"Esto deja muy en evidencia la trama delictiva de la organización: cómo funcionaba, cómo operaba, cómo se hacían los pagos, quiénes recibían, quiénes eran a los que se les pagaba, cuánto se les pagaba, los proyectos que tenían. Ellos tenían un proyecto de obtener la legalización del juego online en la provincia, a través de una concesión que intentaban conseguirle a Peiti. Todo eso dota de sentido, credibilidad y verosimilitud la declaración de Peiti, que creemos es muy contundente", apuntó Schiappa Pietra en diálogo con Osvaldo Medina y Mariano Bravi. 

Para el fiscal, lo importante es que se pudieron corroborar las acusaciones de Peiti contra Traferri. "Se abren otras líneas porque hay información de otras personas, sobre algunas estamos avanzando con recolección y chequeo de información. Lo que pudimos hacer hasta ahora es corroborar los aspectos de la declaración muy concretamente respecto de Traferri", aseveró.

"Esto tiene que ver con las formas de investigar, nosotros no comenzamos a investigar a un senador, ni a una estructura política. Sino que estábamos tratando de dilucidar un homicidio (el del bancario asesinado en el casino de Rosario), derivamos en esta investigación y llegamos a que conocer que Peiti estaba siendo investigado en Venado Tuerto. Así recolectamos mucha prueba, por eso tenemos tanta prueba contra Traferri, por eso podemos cotejar un montón de comunicación de Peiti vinculadas con Traferri y Paulichenco. Son intervenciones que tenía el fiscal Merlo. Esto desmonta la idea de que somos operadores políticos", enfatizó el fiscal. 

El acuerdo conocido el jueves fue homologado por el juez penal de Rosario, Rafael Coria, y acumuló casos similares de explotación ilegal de juego en las ciudades santafesinas de Melincué, Rafaela y Reconquista. Con esto, Peiti cumplirá la condena en la clínica psiquiátrica de Rafaela en la que hasta ahora cumplió prisión preventiva, y deberá pagar una multa por lavado de activos –provenientes del juego ilegal- por más de 47 millones de pesos.

Según la sentencia, también se le decomisaron 19 terrenos de su propiedad en un barrio abierto de las afueras de Rosario y una camioneta Toyota Hilux.

Siguiendo con la vinculación con el senador del departamento San Lorenzo, recordó que a partir de intervenciones que ya existían en las comunicaciones de Peiti, apareció el nombre de el exdiputado Scataglini quien menciona a Traferri. "Hay un llamado de Scataglini a Peiti de parte de Traferri, ahí armamos todo el esquema investigativo. Estamos muy sólidos con las evidencias, y las líneas de investigación quedaron abiertas", completó. 

Por esta causa fue condenado, también en un procedimiento abreviado, el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, por recibir coimas del capitalista de juego ilegal a cambio de no perseguirlo y pasarle información sobre investigaciones en su contra. También está imputado con prisión preventiva el exfiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, a quien de acuerdo a la investigación Peiti le pagaba –a través de Ponce Asahad- entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de protección judicial.

Mientras que un excomisario, Alejandro Torrisi, es otro de los imputados que firmó un juicio abreviado como parte de la asociación ilícita liderada por Peiti, que se encargaba de las relaciones policiales y de recaudar el dinero de las salas de juego clandestinas.

Club del Orden

El fiscal señaló que a Paulichenco, exapoderado del PJ y exsecretario legislativo ya fallecido, Peiti lo conoció en el Club del Orden. "Peiti iba a llevarle unas maquinitas para que hagan apuesta en el Club del Orden, allí lo conoce a Paulichenco y a partir de ahí tiene vínculo con una serie de senadores. Él dice que una vez se reunió con el senador Rassetto, en una reunión organizada por Paulichenco donde le dio dinero. Respecto a Enrico dijo que no lo vio personalmente, sino que le dio dinero a través de otra persona", relató el fiscal. 

Otro de los nombrados es el senador Alcidez Calvo, aunque Peiti dijo que nunca se reunió personalmente con él, sin mayores precisiones. 

"Para poder avanzar con una imputación, como hicimos con Traferri, vamos a procurar colectar mucha prueba y estar muy sólidos en cuanto a los pedidos que vamos a formular", agregó.

Situación de Traferri

"Después de esto, la suerte procesal en lo que respecta a la investigación y en cuanto a los elementos para imputar, para nosotros está resuelto. No hay más margen para la discusión, todo esto que decían que faltaban pruebas no tiene más sentido luego de todo lo que hemos escuchado y probado en las audiencias", indicó sobre el senador sanlorencino, cuyo desafuero fue denegado por sus pares del Senado provincial. 

Y añadió: "Ahora resta que los estamentos políticos y jurisdiccionales de la provincia decidan si van a hacer lugar al pedido que hicimos nosotros de convalidad la decisión de un juez de cámara, que dijo que se puede imputar a Traferri, acusarlo y llevarlo a jucio. La Corte debe decidir si convalida o no esa decisión. Y por otro lado, el Senado deberá debatir si autoriza el desafuero". 

"Estamos analizando si hacemos un nuevo pedido de desafuero de Traferri. Tenemos que evaluar cómo está el escenario político y quienes son aquellos que estén a favor o en contra. Imagino que va a haber manifestaciones de los senadores y diputados sobre esto", concluyó. 

La causa

Según la sentencia, el objeto de la organización criminal iniciada al menos en 2017 fue "usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización" oficial.

En su tercera declaración ante los fiscales, ya como imputado arrepentido, Peiti expuso su presunta relación con el senador provincial Armando Traferri, a quien dijo que le dio 250.000 dólares para una campaña electoral. Los fiscales aseguraron que comprobaron con otra evidencia algunos de esos encuentros, por audios secuestrados en los teléfonos de Peiti y por el impacto de las antenas de telefonía celular.

De acuerdo al testimonio, los aportes tenían por objetivo que el senador colaborara en el acceso de Peiti a un permiso de juego en línea legal en la Lotería de Santa Fe. También declaró que pagó a otros dos legisladores, por medio del secretario legislativo del Senado provincial, el fallecido Ricardo Paulichenco, para poder explotar salas de juego clandestino en sus departamentos.

En esos casos los aportes no fueron en persona sino a través del funcionario fallecido, pero aseguró que luego de los pagos no tuvo más inconvenientes con sus salas clandestinas.

A la vez, Peiti declaró que en tres ocasiones le dio mil dólares a un juez de Reconquista y contó: "Colaboré con él pero no porque el hombre me haya pedido, yo acostumbraba a dar obsequios a cambio de…favor con favor se paga".

Como desprendimiento de la misma causa, también fueron imputados el exsecretario de Legal y Técnica del municipio de Villa Gobernador Gálvez, José Fernández Chemes, que era abogado de Peiti; y el exconcejal rosarino y expiloto de automovilismo, Oscar "Popy" Larrauri, por lavado de activos a través de maniobras de compra-venta ficticias de terrenos del capitalista de juego, que buscaba blanquear patrimonio adquirido con recursos ilícitos.

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Con información de la Agencia Télam.