La desaparición del ARA San Juan provocó un cimbronazo político que terminó sin consecuencias para los funcionarios del Ministerio de Defensa, pero en la Armada parece no haber surtido el mismo efecto.

Los temores a terminar en un juicio acusados por la desaparición del submarino y la muerte de los 44 tripulantes, provocó acusaciones cruzadas entre los oficiales.

Según el diario La Nación, en documentos "secretos" aparecen diferentes versiones y denuncias mutuas por supuestas negligencias. Además, incluyen desde cuestionamientos por la aparente adulteración de actas y filtraciones de comunicaciones hasta la supuesta intervención de teléfonos para eliminar mensajes enviados o recibidos por WhatsApp.

Entre los documentos aparece, además, la inquietud acerca de quién filtró el mensaje "secreto" del San Juan, del 15 de noviembre, que alertó sobre el ingreso de agua en el tanque de baterías y un "principio de incendio".

Para algunos, fueron suboficiales de Mar del Plata; para otros, laderos del entonces jefe de la Armada en Buenos Aires, el almirante Marcelo Srur.

Pero todos creen que por la misma razón: porque se temía un encubrimiento de lo que pasó con el submarino y quiénes son los responsables de las 44 muertes.

Dos oficiales quedaron en particular bajo la lupa. Son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento -el virtual número tres de la Armada, con asiento en la base naval de Puerto Belgrano-, el contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, máximo jefe de la base naval de Mar del Plata y superior directo del jefe del ARA San Juan.

Ambos, López Mazzeo y Villamide, continúan dentro de la Armada, pero suspendidos y acusados de dos faltas disciplinarias gravísimas -arriesgar a la tropa y negligencia en el servicio- que pueden causar hasta su destitución.

Firmada por el almirante Srur, esa resolución consideró prima facie responsables a López Mazzeo y Villamide de "arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino ARA San Juan navegase con posterior a las severas anomalías detectadas" en inspecciones previas al viaje.

López Mazzeo y Villamide recusaron a Srur, lo denunciaron por el delito de prevaricato -es decir, el presunto dictado de una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley- y apelaron sus suspensiones.

Mientras sucedió esto, cuatro oficiales superiores decidieron pedir su retiro con la idea de no convalidar esa resolución con su silencio. Ante la nueva situación, Srur dejó sin efecto su decisión pero luego cambió de opinión nuevamente y sancionó a López Mazzeo y Villamide.

Para Srur, Pedro Fernández, el comandante del submarino, tenía autonomía como comandante del submarino para tomar múltiples decisiones, pero también había alertado sobre los "riesgos" para el San Juan de participar en patrulla de control de la pesca ilegal -misión que no se habría reportado a Buenos Aires-, como también reportó que los salvavidas y canisters para regeneración de aire del sumergible se encontraban vencidos y que no había candelas suficientes si se producía una emergencia a bordo.

Para López Mazzeo y Villamide, por el contrario, Fernández tomó la decisión de continuar hacia Mar del Plata tras reportar la "avería" aun cuando se le ofreció ir a un puerto más cercano, desviarse a aguas menos profundas y ser escoltado, además de descalificar la resolución de Srur por, entre otros motivos, utilizar observaciones hechas sobre el submarino Salta como si fueran sobre el San Juan para imputarles responsabilidades.