"Se ha lanzado una acusación de una manera anómala", sostuvo esa mañana por LT9 Juan Leweis, abogado defensor de exfuncionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain, acusados de presuntas maniobras de espionaje ilegal.
El letrado aseguró en diálogo con Osvaldo Medina que "la opinión pública y los fiscales saben mucho de una causa en la que los defensores no sabemos nada. Semejante acusación necesita que se permita una adecuada defensa".
Además, Lewis aseguró que el próximo 1 de febrero se convocó a una audiencia donde pedirá acceder al legajo judicial. "No se nos deja acceder con la excusa de que la causa está bajo reserva. el Código tiene plazos para eso, y los fiscales pretenden duplicar esos plazos, aduciendo que la causa es compleja. Ahora, el 1° de febrero vamos a discutir ante un juez si la causa es compleja o no para seguir teniendo las actuaciones reservadas", aseguró.
Consultado sobre la instrucción de Omar Perotti para que el Gobierno se constituya como querellante en la investigación, a través de la Fiscalía de Estado, Lewis consideró que "permite inferir que los fiscales esconden datos de la causa a la ciudadanía y al Ejecutivo, con la gravedad que eso supone".
"La acción de constituirse como querellante por parte del Estado provincial se da por trascendidos periodísticos, hay una anómala comunicación del MPA", añadió.
Tareas
En cuanto a las tareas que se realizaba en la cantera de Seguridad durante la gestión Saín, Lewis señaló: "Me han dicho que funcionaban como organismos que eran soportes de investigaciones de la Policía y de Fiscalía. Ellos (los exfuncionarios) me dicen que no hicieron ninguna investigación que no estuviese comandada, direccionada, o encomendada por un fiscal".
"No hay nada que esté al margen de una causa judicial o de la ley de enriquecimiento de funcionarios policiales, por la agencia de control policial. Incluso les pregunté por nombres que trascendieron en listas y me aseguraron que jamás hicieron investigaciones sobre esas personas. Uno puede decir que cree o que no cree, pero que se pruebe. Que nos digan quién mandó a investigar eso, quién está concretamente acusado, a quién se acusa de espiar a quién", aseguró.
Procedimientos en las sedes
Los operativos que iniciaron la controversia se llevaron adelante el 26 de noviembre del año pasado en las sedes Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, y que precipitaron la salida del entonces subsecretario de Prevención y Control, Alberto Mongia; del secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; del subsecretario de Control, Diego Rodríguez; del subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; yd el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas. La misma suerte corrió para el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini; los asistentes técnicos Ramiro Cortese y Nadia Schujman; y Federico Lluma, encargado de prensa de la cartera.
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