El secretario de Justicia de Santa Fe y el Fiscal de Estado de la provincia, Gabriel Somaglia y Rubén Weder, explicaron algunos detalles del acuerdo al que buscarán llegar por la deuda que mantiene el Gobierno nacional con la Provincia por fondos de coparticipación. 

En diálogo con el móvil de LT9, Somaglia manifestó que el acuerdo está próximo a concretarse y precisó que el Ejecutivo provincial tiene las facultades para rubricar el convenio con Nación.

"No se trata de un acuerdo o un contrato donde alguien cede y alguien concede posiciones, y hay quita. Acá no hay quita de ninguna naturaleza ni resignación de ninguna posición jurídica ni económica por parte del Estado provincial", manifestó con fuerza el secretario. 

Y agregó: "Lo que se está haciendo es cumplir una condena judicial, en la que la Corte ha marcado pautas y ha dejado libertad a Nación y Provincia para poder acordar. Una vez que eso se acuerde, la misma Corte supervisará la legalidad del acuerdo y esto implica la legitimidad de los firmantes. El Ejecutivo como representante de la provincia está facultado para llevar adelante esto. Lo marca la Constitución, son las atribuciones de cada uno de los Poderes".

El secretario de Justicia y el Fiscal de Estado en conferencia de prensa

Somaglia dijo que "en el caso de que esto se cerrara", el Fiscal de Estado "tiene facultades para firmar un acuerdo de estas características, a través de la Ley de la Fiscalía del Estado". 

Vale recordar que respecto al monto, el ministro de Economía, Walter Agosto, había señalado en una nota con LT9 en diciembre pasado que superaría los 100.000 millones de pesos. 

Historia de una deuda histórica

En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables que, luego de sucesivas presentaciones ante la Corte, se terminó declarando inconstitucional en 2015.

Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente, informó la agencia nacional de noticias Télam.

La Corte intentó que las partes acordaran la actualización y los plazos, pero, al haber transcurrido seis años de la sentencia definitiva en el conflicto, decidió que se aplique a la deuda nominal la tasa activa del Banco Central.

En el fallo de ocho páginas, el máximo tribunal explicó su decisión “en el entendimiento de que tal porcentaje permite mantener un equilibrio entre posturas sustentadas en el interés general” y aclaró que no recurre a cálculos más onerosos para no complicar las cuentas públicas.

En rigor, el Estado Nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también se retenía de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos.