Durante un diálogo con delegaciones de 79 países, Argentina fue evaluada en diversos aspectos sobre la situación de los derechos humanos en el país, tales como derechos de los migrantes, pueblos originarios, salud de mujeres y niñas, violencia y paridad de género, y prevención de la tortura, entre otros.

“El objetivo último del EPU es mejorar el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional vemos como un buen gesto la cooperación del gobierno con este proceso. Sin embargo, para que las 188 recomendaciones que recibió Argentina queden plasmadas en resultados concretos es necesario que el Estado exprese su aceptación y cree mecanismos para implementarlas”, expresó Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.

¿Qué es el EPU? 

El 6 de noviembre de 2017 el Estado argentino fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) en la sede de Naciones Unidas. El EPU es un mecanismo cooperativo de monitoreo de la situación de los derechos humanos, al que se someten todos los Estados miembros de la ONU cada cinco años. 

El análisis se hizo sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino en el último examen (2012) y se combina con la situación de derechos humanos actual. Amnistía Internacional, previo al examen, presentó un informe con las principales preocupaciones de la organización. 

Entre las principales recomendaciones de diferentes Estados hacia la Argentina se destacan, al igual que en 2012, las deudas sobre la erradicación de la violencia de género, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de los pueblos originarios. 

A partir de las recomendaciones formuladas, Amnistía Internacional invita al Estado a formalizar su aceptación. Por último, para el efectivo cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recomienda la creación de un mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento, que funcione en coordinación con las áreas estatales especializadas y en consulta con la sociedad civil. 

En este sentido, Amnistía Internacional refuerza especialmente esta recomendación con el objetivo de brindar transparencia y eficacia al proceso.

Fuente: Misiones Cuatro.