La Ley de Protección de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos fue aprobada con modificaciones en el Senado, y ahora deberá volver a la Cámara de Diputados, donde había sido votada afirmativamente en noviembre del año pasado y ahora buscará su sanción definitiva. 

Se trata de una normativa que busca "brindarle una respuesta institucional a un sector que está desprotegido", y que prevé asesoramiento jurídico para víctimas y familiares de víctimas de la inseguridad, y también el patrocinio para las personas que no cuenten con recursos. 

"Esto surgió cuando denunciábamos la liberación de presos condenados por delitos graves, sin intervención de las víctimas en esos procesos y bajo la excusa del Covid. Desde la Legislatura pedimos informes, creamos el Observatorio de Víctimas. Esto fue vinculándose con víctimas de diversos delitos, en una provincia atravesada por los delitos y la violencia", explicó Oscar "Cachi" Martínez, autor de la iniciativa, en diálogo con Adrián Brodsky por LT9. 

Y agregó: "Todos reclamaban la necesidad de que se reconozcan sus derechos humanos porque veían que la balanza de la Justicia necesitaba estar más equilibrada. A partir de allí comenzó este derrotero". 

"Esto va a permitir que tengan asistencia desde el punto de vista psicológico y social; va a plantear la no revictimización, que se permita declarar desde la casa, no cruzarse con los imputados en las audiencias, e impondrá a los funcionarios del Estado la necesidad de que se capaciten en perspectiva de víctimas y generar empatía; eso es lo que las víctimas reclamaban hace años; y que puedan participar en el proceso penal sin necesidad de constituirse como querellantes", aseveró Martínez. 

Por último, se especula con que el proyecto de ley obtenga la sanción definitiva en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. 

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