El exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro y una excontratada de la cartera deberán cumplir medidas cautelares impuestas por el juez Martín Torres en el marco de la investigación en la que están imputados por la presunta conformación de una asociación ilícita que realizaba actividades de inteligencia ilegal, además de otros delitos.

El magistrado tomó la decisión esta tarde en una audiencia –que había comenzado el martes– llevada a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, luego de que la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos y la Defensa de las tres personas investigadas acordaron las normas de conducta. Por otra parte, el juez Torres rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por los querellantes.

Prohibiciones

Al exministro de Seguridad investigado (de iniciales MFS, de 57 años), el juez le prohibió salir del país y le ordenó entregar su pasaporte a la Fiscalía en el transcurso de las próximas 96 horas. Además, el magistrado le impuso una prohibición de tener en su poder armas de fuego o portar armas de cualquier tipo; la prestación de una caución patrimonial vinculada a bienes inmuebles; la prohibición de acercamiento a las víctimas, a los querellantes y al Ministerio de Seguridad y un impedimento absoluto de contacto con cualquiera de ellos.

Para el exsecretario de Seguridad Pública de la cartera provincial (de 55 años e iniciales EGM), el juez Torres dispuso las mismas prohibiciones.

En tanto, para la excontratada del Ministerio de Seguridad (de iniciales MAM y 38 años), se ordenaron las mismas medidas, aunque la prohibición de salir del país quedó sujeta a que lo informe judicialmente.

 Autoría

El fiscal que dirige la investigación es Ezequiel Hernández, quien hoy también representó al MPA en la audiencia. “Si bien no tenemos los fundamentos del juez, podemos deducir que el magistrado dio por acreditados –con el grado de probabilidad exigido en esta instancia del proceso– los hechos ilícitos planteados por la Fiscalía”, explicó Hernández.

“Cuando el juez informe los fundamentos de su decisión sabremos si receptó la teoría del caso de la Fiscalía, o si no lo hizo”, aclaró el fiscal. “No obstante, lo que ya sí sabemos y tenemos certeza es que el magistrado también considera que hay elementos serios y verosímiles acerca de la probable autoría de delitos por parte de estos tres imputados”, afirmó el fiscal.

Competencia

Finalizada la audiencia de medidas cautelares, se realizó otra audiencia en la que se debatió acerca de los pedidos formulados por las Defensas de los imputados para que la investigación pase al fuero federal.

“Planteamos nuestro convencimiento acerca de que la competencia es provincial”, afirmó el fiscal Hernández. En tal sentido, agregó que “una de las Querellas aportó un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que, ante un caso casi idéntico al que estamos investigando, el máximo tribunal de justicia del país resolvió que la competencia es provincial”.

El juez Jorge Patrizi estuvo a cargo de esta audiencia e informó que dará a conocer su decisión por escrito en el plazo de ley.

Calificaciones penales

Las calificaciones penales atribuidas a las tres personas imputadas a las que se les ordenaron cautelares son las siguientes:

- Sain (hombre, 57 años, exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones): asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).

- Montenegro (hombre, 55 años, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.

- MAM (mujer, 38 años, contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes.