El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dejó mal parada a la Corte Suprema de Santa Fe al rechazar su intervención en el litigio que enfrenta al Ministerio Público de la Acusación provincial contra el senador sanlorencino Armando Traferri, en el marco de su relación con la investigación sobre juego clandestino y connivencia con el poder político y judicial.

En un documento firmado ayer, Casal –jefe del ministerio público fiscal– dejó en off side a la máxima autoridad de la Justicia en Santa Fe, cuando rechazó el planteo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de exigir luz verde para obligar a Traferri a concurrir a audiencia penal y declarar como imputado. 

Ocurrió que el voto de la Corte había sido desfavorable para con la pretensión de los fiscales, por 5 votos a 1. Y los fiscales, entonces, escalaron en la pirámide judicial y presentaron un recurso extraordinario federal. 

En estas circunstancias, ayer la Procuración General de la Nación concluyó que la Corte santafesina no tuvo una decisión colegiada, que los votos de mayoría de sus miembros fueron en la misma dirección (favorable a la inmunidad de Traferri) pero con argumentos dispares. "No hay una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos (...), opino que corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva", escribió Casal. 

Describió el fallo de la Corte, en tiempos de Rafael Gutiérrez como presidente, como "una suma de opiniones", impropia de un pronunciamiento cortesano.

Ahora es la Corte Suprema de la Nación la que puede adherir al dictamen del procurador, o no, y según ello, el senador del departamento San Lorenzo, involucrado por el capitalista de juego Leonardo Peiti en la causa, sabrá si tiene que preocuparse o si ya habrá quedado definitivamente fuera del alcance de la ley penal.

Idas y vueltas

El caso viene de arrastre hace dos años, y ya provocó la destitución y arresto de los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, por recibir coimas regulares de la organización de juego ilegal comandada por Peiti. 

Las idas y vueltas de esta historia son conocidas. El senador se negó a comparecer al llamado de los fiscales Edery y Schiappa Pietra por sus fueros parlamentarios. Sus colegas del Senado provincial ratificaron por mayoría su inmunidad y lo blindaron.

Ante ello, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27° del Código Procesal Penal y del 51° de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que le impedían citar a Traferri y, por lo tanto, violarían el principio de igualdad consagrado por la Constitución de la Nación y obstaculizaría la función de la Justicia.

La Cámara de Apelaciones les dio la razón a los fiscales y declaró inconstitucionales algunos párrafos de los artículos referidos. Así habilitó a citar a declaración imputativa a Traferri. Pero el senador acudió a la Corte Suprema de Santa Fe, que anuló la sentencia apelada y reenvió la causa al tribunal de segunda instancia.

Solo Daniel Erbetta se pronunció en sentido opuesto. Los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Mario Netri y Angélica Gastaldi fallaron a favor de la inmunidad parlamentaria de Traferri, pero por argumentos diferentes.

Los fiscales apelaron ese dictamen con un Recurso Extraordinario Federal. La Corte provincial alegó competencia para responder ese contragolpe de los acusadores rosarinos: y les dio un nuevo revés al considerarlo improcedente. 

Schiappa Pietra y Edery no cesaron y acudieron a la instancia nacional de Justicia con un Recurso Extraordinario de Queja. Y allí vino el reto jurídico que ayer le propinó Procuración General de la Nación a la Corte santafesina. 

"En virtud de los argumentos expuestos, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada", expresó Casal en un mensaje que deja mal parada a la Corte provincial, al menos a los 5 ministros que fallaron a favor de evitar que Traferri pueda ser imputado penalmente.

Casal le recordó doctrina propia a la Corte que considera que "los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve".

"Las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas", agregó el jefe de los fiscales federales.

Ante esta "carencia de unidad lógico jurídica" –postuló el dictamen– el fallo de la Corte resultaría nulo porque la Cámara de Apelaciones no tendría una base argumentativa unívoca sobre el cual analizar y volver a fallar sobre la cuestión apelada. Hay "una orden dirigida a un tribunal inferior para que dicte una nueva sentencia , cuyo acatamiento en estas condiciones resultaría difícil de evaluar", advierte Casal.

Por lo tanto, como el fallo de la Corte resulta disperso según el procurador, se habilitaría un peligroso terreno para las especulaciones "con el riesgo que ello supone de que sea una parte interesada la que le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo", se anticipó el dictamen de Procuración.

Ahora queda la decisión en manos de la Corte Suprema de la Nación: adherir al dictamen de Procuración, y entonces habrá que sortear conjueces en Santa Fe que deberán darle un nuevo desenlace al "dilema Traferri". Si los cortesanos nacionales no adhieren, igual pueden anular a sus colegas santafesinos, pero por motivos distintos. O pueden rechazar el recurso de los fiscales rosarinos y en ese caso, finalmente el senador apuntado podrá respirar tranquilo, ya sin riesgo procesal mientras conserve esa investidura.