La auditoría del Ministerio Público de la Acusación pidió que el fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, sea destituido por presionar a una víctima de abuso sexual.

Es en el marco de la causa por abuso de una menor contra Marcelo Galaz, exsecretario municipal del ahora senador nacional Dionisio Scarpín, del que Gerosa fue fiscal en la primera etapa. 

Según denunciaron familiares de la chica abusada, el ejerció presiones para que el caso llegue a un juicio abreviado. 

Semanas atrás, Galaz aceptó su responsabilidad como autor del delito de abuso de menores en un procedimiento de plazos abreviados , y su pena fue reducida de 32 a 7 años con una resarcimiento económico de seis millones de pesos destinados a la víctima. Pero luego del escándalo, el juez Santiago Banegas se negó a homologar el acuerdo. 

Además, el propio Gerosa reconoció que recibió una llemada del senador radical Ofilio Marcón, quien le solicitó información sobre la causa. 

Marcelo Galaz es un dirigente radical que se desempeñó como secretario y mano derecha de Scarpín en la Municipalidad de Avellaneda hasta que fue detenido en julio del 2021 tras la denuncia de su sobrina por abusos sufridos desde los 4 a los 10 años.

El exfuncionario estuvo preso con prisión preventiva durante siete meses y luego logró el beneficio de la prisión domiciliaria, condición en la que se encuentra en la actualidad. Esta es una de las irregularidades que encontró el auditor del MPA, Leandro Mei. 

Otra es que el juicio oral debía comenzar en noviembre del 2022, con un pedido de 32 años de pena por parte de la Fiscalía. Pero llamativamente se suspendió, hasta que este año se conoció que el caso iba a llegar a juicio abreviado, con un beneficio de reducción de pena a 7 años de cárcel por los delitos de abusos sexuales gravemente ultrajantes a su sobrina menor de edad, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número indeterminado de veces. 

La auditoría sostiene que como fiscal, Gerosa "haber revictimizado a la mujer víctima en situación de vulnerabilidad en el marco de las presentes actuaciones dándole un trato indecoroso, molestándola y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado sin haber velado por la salvaguarda de su intimidad”.

Y agregó: "La primera conducta disvaliosa fue la celebración de un acuerdo de prisión domiciliaria en fecha 30/5/2022 en clara violación a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal, sin que el fiscal le informe a la víctima que la resolución dictada en esa fecha por parte del tribunal no respondía a sus pretensiones de protección integral, la cual tampoco fue apelada por el órgano fiscal y como consecuencia de ello haber incumplido el principio de debida diligencia reforzada en el artículo 7 de la Convención de Belém Do Para".

También hace hincapié en "haber presentado el 17 de noviembre de 2022 un acuerdo abreviado el cual no cumplimentaba con los requisitos establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ya que no acompañó la conformidad de la víctima y tampoco la rúbrica del fiscal regional respectivo. Como así tampoco haber fundamentado en dicha oportunidad la razón del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de la pretensión punitiva en favor del mismo, sin haber motivado el fiscal al momento de la determinación de pena, cuál era la razón para que delitos que concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo conforme los parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal por parte del acusador público"