El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario resolvió absolver a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. El presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, leyó el fallo –que no fue unánime– pocos minutos después de las 14 y ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

Durante el debate oral, que comenzó en diciembre de 2021, el fiscal de juicio Fernando Arrigo y los querellantes habían solicitado prisión perpetua para catorce de los policías imputados, y penas que iban desde los 14 años y diez meses a los 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil.

Tras un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas, el tribunal integrado por los jueces federales Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez dio a conocer el veredicto.

El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino fueron absueltos de los delitos de “desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.

También fueron absueltos Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, quienes habían llegado a juicio como “coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.

Lo mismo resolvió el TOF 2 para Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, quienes llegaron al banquillo como “partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, que estaban acusados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”, también fueron absueltos. El vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que –según la acusación– se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Daniel Crespo –señalado como autor del delito de falso testimonio– también fue absuelto.

Sobre el agente Walter Ortiz no hubo controversia, ya que la Fiscalía había pedido su absolución por falta de pruebas que acreditaran dolo.

La larga causa

Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. El 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue hallado en las aguas del río Paraná.

Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la Comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la Comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.

El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la Seccional 7ª –Cafferata 342–, logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.

A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.

Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Desde entonces, abogados, familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una "causa armada" y aseguraron ser inocentes. A 8 años y 9 meses de la última vez que Casco fue visto con vida, el fallo de la Justicia Federal, que dejó el sabor amargo de la impunidad en los allegados a Casco, liberó de responsabilidad a todos los policías involucrados.