El Fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, dio detalles esta mañana por LT9 de la investigación por la “cueva” financiera hallada en un lujoso departamento del puerto de Santa Fe. Rodríguez admitió que la primera intervención fue del MPA por un conflicto de inquilinos, pero que ante el hallazgo de esa millonaria suma de dinero intervino con su equipo de trabajo. 

Consultado por la similitud con el Caso Oldani, el fiscal indicó que los delitos que se investigan son similares, es decir, la intermediación financiera no autorizada. “No podemos descartar que nos encontremos con lo que vulgarmente se denomina una 'cueva'. Podríamos tener una intermediación financiera no autorizada. Estamos en plena etapa de recogimiento de pruebas, pero no podemos descarta otras hipótesis”, sostuvo en una nota con Osvaldo Medina y Mariano Bravi  en Primera Mañana. 

En cuanto al hallazgo de 39 tarjetas de débitos, Rodríguez explicó que están investigando cómo se expidieron esos plásticos. “La sospecha es que hubo una defraudación con esas tarjetas de débito a las personas que aparecen en cada una de las tarjetas en carácter de damnificadas. La persona imputada tenía el código, es decir, el PIN, para poder ingresar a las cuentas de otras personas que no es él y manejar los fondos que son ingresados al movimiento financiero de la tarjeta”, detalló el fiscal, y añadió que “no está descartado la hipótesis que los 39 titulares de las tarjetas sean beneficiarios de programas sociales”.

Consultado sobre si hay alguna conexión política con este hecho, el fiscal aclaró que “no hay elementos de vinculación política”, aunque admitió que están investigando el pasado laboral del imputado, ya que fue funcionario municipal durante la gestión de José Corral y fue asesor del Concejo municipal. También indicó que se analiza la situación laboral de su pareja, que es funcionaria del gobierno provincial, a los fines de buscar elementos patrimoniales que puedan justificar o no la cantidad de  dinero secuestrado.

Por último, el fiscal Rodríguez remarcó que por ahora la investigación está centrada sólo en el imputado, pero que se investiga el delito de lavado de activos y la posibilidad de que ese dinero secuestrado sean de otras personas. “Existe la posibilidad de que haya personas que sean las verdaderas propietarias de este dinero. Tenemos la obligación de hacer un análisis profundo para saber si hay operaciones que sustenten la posibilidad de que este dinero le pertenezca a un tercero y analizar los movimiento bancarios y bursátiles, que serán objeto de análisis de la  UIF”, concluyó el Fiscal federal de Santa Fe.

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