La ejecutiva había contratado a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, para un coaching por $1.800.000 y por la designación de su hijo, Juan Pablo Pedemonte, al frente de una gerencia en la casa matriz del banco; y en el cargo de gerente de sistemas a Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis.
Además, se le inició un sumario a Barros por el caso de Pitty la numeróloga y otras contrataciones; y aseguraron que detrás de este caso estaría “la mano de la cerealera Vicentin”, uno de los principales deudores que tiene el Banco Nación.
Como era de esperarse, luego de que saliera a la luz el caso, la diputada nacional Graciela Ocaña realizó una denuncia ante el juzgado federal 9, a cargo de Daniel Rafecas, quien giró la denuncia al fiscal Guillermo Marijuan, qué rápidamente ordenó un allanamiento e imputó a la Presidenta del BNA y la exgerenta general en cuestión por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y peculado y dispuso una serie de medidas de prueba".
En tanto, desde el entorno de Silvina Batakis señalaron que el directorio “desconocía completamente” la contratación de Asad, “por tratarse de competencias de la gerencia” y que por eso se instruyó al área de legales a iniciar “un sumario a la gerenta general, María Barros”.
