El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como “superricos”, y las empresas offshore. Se trata de una ley considerada esencial por el equipo económico del gobierno, que pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025.

La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una ardua negociación en el Congreso, donde la centroderecha bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.

El texto modifica una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores. Antes la tributación sólo se producía cuando el beneficio obtenido de inversiones en el exterior se transfería a personas físicas en Brasil pero no si se mantenían fuera del país.

La propuesta recibió la aprobación de la Cámara en noviembre y fue aprobada el mes pasado por el Senado. La legislación era una de las prioridades del gobierno de Lula que, desde la campaña electoral, prometió incluir “a los pobres en el presupuesto y a los ricos en los impuestos sobre la renta”. 

La modificación del proyecto original, con 37 votos a favor y 27 en contra, excluyó de la normativa las apuestas virtuales, como los casinos y otros tipos de juegos de azar en Internet, y fijó los impuestos solo para las empresas “bets” que las realizan con actividades deportivas reales. En Brasil no son permitidos los casinos ni los juegos de azar reales, por lo que la legislación se limita a las apuestas deportivas.

En julio el Ejecutivo también envió al Parlamento un proyecto de ley complementario con mecanismos para fiscalizar la actividad, que se estima que mueve alrededor de 100 mil millones de reales (unos 20 mil millones de dólares) al año en Brasil, según datos del sector. Lo recaudado, según el gobierno de Lula da Silva, se destinará a las áreas de “seguridad pública y educación básica”, mientras que otra parte irá a “clubes deportivos y acciones sociales”.