El sostenimiento de la línea 144 de asesoramiento en violencia de género, la continuidad del programa 'Acompañar' -brinda asistencia a víctimas de maltrato-, el mantenimiento de la Ley Micaela y de la educación sexual integral (ESI) son parte de los temas propuestos por organizaciones de la sociedad civil "para colaborar con la agenda de trabajo" del Ministerio de Capital Humano, por este motivo elaboraron un diagnóstico y solicitaron una reunión con la titular de la cartera, Sandra Pettovello.

"Esperamos reunirnos con la ministra y con quien designe a cargo de la Subsecretaría de violencias porque son políticas urgentes, que no pueden interrumpirse por cambios de gestiones. Es imprescindible que ratifiquen su compromiso con las obligaciones que ha asumido el Estado en relación las violencias por razones de género", señaló Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las 14 ONGs firmantes.

La nueva gestión de Gobierno decidió que no continuará el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y las políticas públicas igualitarias quedan ahora bajo la órbita de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

La nota -difundida este jueves-, fue entregada el 16 de enero y las organizaciones decidieron presentar un diagnóstico respecto a la situación en materia de violencias de género.

Prevenir la violencia de género es el eje de la propuesta de las organizaciones sociales, que resaltan que el femicidio "es la manifestación más extrema" de esta violencia "que es necesaria prevenir".

Los últimos datos oficiales del Registro de Femicidio de la Corte Suprema revelan que durante el 2022 una mujer fue asesinada por un hombre cada 35 horas, totalizando 252 femicidios en el país.

"Garantizar el derecho a una vida libre de violencias para mujeres y personas LGBT+ es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones que ha asumido" tanto a nivel local, regional e internacional, resaltan las ONGs.

Las organizaciones remarcan que "en tiempos de crisis económica es imperioso fortalecer la autonomía económica de las mujeres y las diversidades", y aportan estadísticas oficiales que muestran que "ellas son las más afectadas por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres".

Una de las preocupaciones de las organizaciones es garantizar que continúe funcionando la línea telefónica nacional 144 de atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género, que también cuenta con WhatsApp, mail y sistema de videollamadas para personas sordomudas.

Los datos oficiales revelan que, desde su creación en septiembre del 2013, la línea atendió en promedio 125.000 llamados al año.

También solicitan que continúe el programa Acompañar iniciado en 2021 que estipulaba un apoyo económico y psicosocial para quien estuviera en situación de violencia de género, política pública definida por las organizaciones como "una herramienta fundamental para promover mejores oportunidades de inserción laboral y autonomía económica" a las sobrevivientes de maltratadores.

Los datos oficiales indican que accedieron al programa 352.000 mujeres y personas LGBTIQ+ de las cuales "el 86% tienen al menos un hijo (...) por lo que tuvo un impacto positivo en más de 625.097 niños, niñas y/o adolescentes. Además, 10.655 destinatarias se encontraban embarazadas o lo estuvieron recientemente".

Además, las ONGs pidieron que se sostenga la Ley Micaela que estipula la capacitación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado para incorporar la mirada de género en todas las instancias de la vida pública "y prevenir que se repitan las circunstancias que permitieron el femicidio de Micaela García", en cuyo memoria se nombró la legislación.

Otro eje de los pedidos de la sociedad civil pasa por fortalecer las áreas de género municipales y provinciales que "son un actor estratégico de coordinación de recursos y programas cuya existencia puede ayudar a un uso más eficiente y con mayor impacto de los recursos locales" sostuvieron.

Finalmente, bregan por la continuidad de la educación sexual integral, ley que este 2024 cumple 18 años desde su sanción y que "ha permitido que entre el 70 y 80% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años comprendieran que habían sufrido abuso sexual".