La diputada socialista, Isabelle Santiago, quien lanzó esta iniciativa parlamentaria hace más de un año, declaró: "Hoy damos prioridad al interés general y, sobre todo, al interés superior del niño".

La principal medida de esta nueva normativa consiste en el retiro automático de la patria potestad del progenitor condenado por agresión a su hijo/a o a al otro padre/madre o en caso de incesto, salvo decisión contraria del juez.

"Es nuestro deber proteger al menor víctima de sus padres agresores, porque el hogar debe ser siempre un lugar donde pueda crecer en paz y seguridad", dijo el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti.

Las autoridades podrán suspender también la patria potestad de manera provisional durante las actuaciones judiciales contra un progenitor por un delito contra el otro o por agresión sexual contra su hijo.

Según una comisión independiente impulsada por el gobierno en 2021, Ciivise, 160.000 niños son víctimas cada año de agresión sexual, un 97% de los agresores son hombres (en un 27% de casos, los padres).

En su informe final en 2023, la comisión recomendó suspender la patria potestad y los derechos de visita y de acogida de un padre investigado por violar o agredir sexualmente a su hijo, y la retirada sistemática en caso de condena.

Respecto a la violencia conyugal, las fuerzas del orden registraron en 2022 unas 244.300 víctimas, en su gran mayoría mujeres.