Turull, de 51 años, consiguió 64 votos a favor sumando los de su agrupación Junts per Catalunya (JxCAT) y Esquerra Republicana (ERC), las dos fuerzas separatistas mayoritarias.

Juntos suman 66 escaños pero dos diputados de la JxCAT no pueden votar por estar prófugos en el extranjero, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.

Era necesario por tanto el apoyo de los cuatro diputados de un tercer grupo independentista minoritario y antisistema, la Candidatura de Unión Popular (CUP), para sumar los 68 votos de los 165 de la Cámara.

Pero la agrupación se abstuvo, como había anunciado minutos antes de que arrancara el pleno.

"La propuesta de programa de gobierno de JxCAT y ERC no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales que respondan a los derechos y necesidades de la clase trabajadora y del resto de clases populares", explicó el partido antisistema en su comunicado.

De esta forma, se abre una grieta en el bloque independentista que en la pasada legislatura impulsó la ruptura con España.

La CUP sigue defendiendo la vía de independencia unilateral que el partido de Turull ya no avala abiertamente.

"Pasamos honestamente a la oposición, a combatir al Estado y su dictadura, la autonomía y el autonomismo", dijo el diputado de la CUP Carles Riera, citado por la agencia de noticias DPA.

El anuncio pronosticaba el fracaso de la sesión de investidura antes de su comienzo y echaba por tierra los planes de los otros partidos independentistas de que fuera nombrado ayer.

De su lado, el partido Ciudadanos, defensor de la unidad con España y el más votado en las elecciones regionales, había intentado sin éxito frenar el pleno durante la mañana.

Turull fue la tercera opción de los separatistas para formar gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre, después del fracaso de sus dos opciones anteriores: primero Puigdemont por encontrarse prófugo en Bélgica y luego Jordi Sánchez por estar en prisión provisional y negarle la Justicia acudir a su investidura.

Su decisión la víspera de apartarse hizo que pudiera convocarse a última hora el pleno de hoy, en un acción "in extremis" motivada por los procesos judiciales que vienen marcando la política catalana desde que el anterior gobierno de Puigdemont lanzara su desafío independendista al Estado español.

Y es que Turull, investigado por delitos derivados del proceso separatista, ha sido convocado para mañana mismo por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien le comunicará el auto de procesamiento y revisará las medidas cautelares que se le aplican y podría dictarle prisión preventiva, informó el diario La Vanguardia.

Turull salió en libertad condicional el pasado diciembre tras pasar 32 días en la cárcel y pagar una fianza. Los delitos por los que se le investiga incluyen sedición, malversación y rebelión.

Una imputación por rebelión -el más grave penado con hasta 30 años de cárcel- sumada a una prisión preventiva podrían además llevar a su inhabilitación como diputado.

Ante este escenario, Turull defendió hoy en el Parlamento su proyecto de gobierno pero al mismo tiempo mostró la "mano tendida" y ofreció "diálogo" al Ejecutivo español y al rey Felipe VI.

En su discurso, de casi una hora, no hizo alusión en ningún momento a la "república" catalana que la Cámara regional hizo amago de proclamar en octubre ni al impulso de un proceso constituyente.

Esa proclamación provocó la intervención del gobierno central de la autonomía regional el pasado octubre, así como la destitución de las autoridades catalanas y la convocatoria de elecciones.

Entretanto, muchas incógnitas quedan abiertas de cara a la segunda sesión de investidura convocada para el sábado.

Algunos analistas apuntaban a que Puigdemont y Comín pudieran renunciar a sus actas de diputados para que otros pudieran votar en su lugar, pero no está claro que diera tiempo a formalizar ese paso.

Con Turull en prisión o suspendido, los independentistas tendrían que buscar un nuevo candidato para comenzar de cero un nuevo proceso de investidura.

Cataluña queda así de nuevo en una situación de incertidumbre, pues la región tiene ahora dos meses (hasta el 22 de mayo) para formar gobierno si no quiere volver a las urnas.