La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva contra el ex gobernador entrerriano Sergio Daniel Urribarri (2007 - 2015). La medida regirá hasta tanto la sentencia que lo condenó por cinco causas de corrupción quede firme. Este expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que se concediera el recurso extraordinario federal presentado por su defensa.

La decisión de la Cámara se conoció esta mañana. Fue a través de un escrito de 74 páginas. Casación revocó un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas.

Urribarri fue detenido en Concordia donde estaba residiendo y fue conducido a la Unidad Penal 1 de Paraná. En la inmediaciones de su domicilio se podía observar una ambulancia. Por otra parte, Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa, fue detenido en Paraná y también será trasladado al mismo centro penal.

Según se pudo conocer, Urribarri apelará la decisión de Casación, aunque este recurso “no suspende” la detención de Urribarri y su cuñado.

En el fallo, Casación hizo propios los planteos de la Fiscalía sobre los riesgos de fuga que estaban latentes tras la sentencia y el encuadre que los tratados internacionales firmados por Argentina dan a las causas de corrupción.y también el tribunal de Casación apuntó contra las defensas de los acusados por presuntas maniobras dilatorias.

La condena de Urribarri

En abril de 2022, Urribarri, fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año anterior en los Tribunales provinciales.

De inmediato, el ex gobernador de Entre Ríos presentó la renuncia al cargo de Embajador en Israel que ocupaba en ese momento, ya que recibió la noticia en Tel Aviv, cumpliendo sus funciones diplomáticas.

El fallo entendió que la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.

También se apuntó contra el ex mandatario por un esquema de cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.

Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means, sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.

Urribarri y su defensa, ahora también en manos del abogado capitalino Fernando Burlando, presentó sucesivos planteos en instancias superiores para revocar esta decisión. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia cerró todas esas puertas en abril de este año, cuando confirmó el fallo condenatorio tras negar los últimos recursos.