La causa comenzó a principios de octubre cuando el Gobierno quitó a los comedores del programa Alimentar Comunidad bajo el argumento de que los convenios de esos espacios estaban vencidos. Sin embargo, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS presentaron un amparo que finalmente fue respaldado por la Justicia, en donde se dictaminó la entrega de alimentos a los 66 comedores.

Pese a esta resolución, aún hay 11 comedores pertenecientes a la agrupación que continúan sin funcionar. El Gobierno señaló a mediados del mes pasado que no pudo relevarlos para volver a incluirlos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) debido a que "no se encontraban en funcionamiento como tales".

Ante esta situación, las organizaciones denunciaron en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7 "el fraude procesal en el que está incurriendo el Ministerio de Capital Humano" ya que una vez más comete el "incumplimiento de la medida cautelar y la sentencia de fondo dictada en esta causa".

La presentación también exigía una sanción disciplinaria contra Pettovello por "temeridad y malicia" en su manejo de los alimentos de los comedores.

El juez Walter Lara Correa ordenó la continuidad de los programas del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, el Programa Alimentar Comunidad, el Programa Prestación Alimentar y el Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004, aunque dejó al ministerio la potestad de revisar, reestructurar o auditar la totalidad de los programas, siempre y cuando se mantenga el derecho a la alimentación del colectivo destinatario de forma efectiva.