Por segundo año consecutivo, y sin siquiera haber sido tratado en el Congreso antes del cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno decretó la prórroga del Presupuesto 2023, el último plan presentado por la gestión de Alberto Fernández.
De esta manera, al igual que en 2024, la administración pública deberá transitar el 2025 con un presupuesto completamente desactualizado.
La medida se efectivizó mediante del Decreto 1131/2024, publicado este lunes 30 de diciembre en el Boletín Oficial: "A partir del 1° de enero de 2025 rigen (...) las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias". Además, se instruye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a "adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga" indica.
En continuidad el texto de la norma explica: "Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente".
Sin embargo, el Ejecutivo presentó una ley de leyes para tratar en el Congreso, para la cual el oficialismo no llegó a alcanzar los consensos suficientes para asegurarse su sanción.
A comienzos del mes de noviembre, se suspendió la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que, originalmente, se esperaba dictaminar el proyecto. El avance dependía de las negociaciones con los gobernadores, quienes exigían los fondos coparticipables que se podrían desprender del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la ex AFIP, actual ARCA, las cajas previsionales provinciales y obras. De este modo queda en evidencia que el oficialismo negocia con bloques dialoguistas para lograr convocar a extraordinarias durante el verano, pero no para sancionar el Presupuesto.