En un contexto político y judicial altamente polarizado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo condenatorio contra la expresidenta Cristina Kirchner que fue calificado por analistas y abogados especializados como un reflejo del "derrumbe institucional" que atraviesa el país.

En exclusivo por la Nueva Nueve, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat se refirió a la reciente desición de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que "el fallo es parte del derrumbe institucional que estamos padeciendo y la demostración más clara de que las decisiones judiciales están determinadas por poderes fácticos y por vías comunicacionales totalmente asignas a lo que es la función jurisdiccional".

El especialista enfatizó que, según el artículo 100 de la Constitución, "la función jurisdiccional es conocer y decidir", en está línea, criticó la velocidad del proceso: "Un tránsito que hoy serían cuarenta y nueve días desde que fue recién por la corte el procurador general de la nación insumió treinta días para emitir su dictamen,  estuvo ocho días en poder de la corte y bajo una fuerte presión mediática que decía 'tienen que dictar la condena y ya tiene que ser una condena fuerte'".

Esta presión, según el experto, "evidentemente lleva a un arbitrio y no a una decisión potencial. De manera que el artículo 116 de la Constitución ha estallado por los aires". En ese sentido, definió la sentencia como "una especie de artículo 280 con flecos". Para explicar, indicó que el artículo 280 del Código Procesal "habilita a la corte a desestimar sin más los recursos extraordinarios, sosteniendo que no cumplen los requisitos del remedio federal, sin dar mayores fundamentos".

Por otra parte, Barcesat aseguró que "el fallo se basa en fundamentos dogmáticos y apodícticos que aseguran que hubo amplia posibilidad de derecho de defensa, pero no se dice nada sobre lo que realmente ocurrió en el expediente, conforme el expediente y no conforme lo que dicen los relatores extra jurídicos de la comunicación hegemónica".

Ante la polémica, ya se anuncian presentaciones ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional y la ONU. "Ya hay una presentación iniciada para evitar la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que está esperando ratificaciones de organismos gubernamentales para activar su competencia" explicó el abogado.

Sobre la posibilidad de que un tribunal internacional revoque la condena dictada por la Corte Suprema local, Barcesat recordó precedentes históricos: "Se ha declarado la nulidad de leyes, como las leyes de punto final y obediencia debida, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, porque violaban derechos garantizados por pactos internacionales. Esto llevó a la anulación interna de esas leyes y a la reapertura de procesos judiciales contra crímenes de lesa humanidad". 

Sin embargo, advirtió que "lamentablemente esta misma Corte Suprema, desde la presidencia de Fontevechia, sostuvo que los pronunciamientos de la comisión no eran vinculantes, lo que representó una pérdida enorme para la tutela de los derechos humanos". 

Al comparar esta situación con Brasil, Barcesat recordó el caso Lula y reconoció que "existe un enorme paralelismo con la persecución judicial que sufrió Lula, como se ve en la icónica foto del entonces presidente de la Corte Suprema Lorenzetti junto a los jueces Bonadio y Moro. En Brasil, el Superior Tribunal Federal anuló la causa por ser una tramitación tortuosa, lo que permitió que Lula recuperara su capacidad política y fuera reelecto presidente". 

En cuanto a otros antecedentes, el abogado mencionó procesos similares en Perú y Colombia, donde tribunales internacionales ordenaron la reapertura de causas que habían sido cerradas por recursos jurídicos internos. 

Sobre el futuro inmediato, el abogado explicó que "la expresidenta deberá firmar la notificación personal. Luego, seguramente se tramitará un pedido de prisión domiciliaria por edad y salud, que estimo no será denegado. Se le fijará un domicilio y algún mecanismo de custodia, como una tobillera electrónica o controles periódicos en una comisaría".

Este caso, más allá de lo estrictamente judicial, "tiene una dimensión política innegable que cuestiona la independencia del Poder Judicial en un escenario donde la comunicación hegemónica y los poderes fácticos ejercen una fuerte presión", concluyó Barcesat.

El fallo abre un debate profundo sobre la relación entre justicia, política y derechos humanos, y deja abierta la puerta a largos procesos tanto nacionales como internacionales para definir su alcance y legitimidad.