La organización hizo el anuncio en una carta fechada el 16 de abril y dirigida a agentes políticos con los que ha tenido interlocución. El documento fue obtenido y difundido por la publicación digital eldiario.es.

La misiva del grupo, que en 2011 renunció definitivamente a la violencia acogotado por los golpes policiales en España y Francia, adelanta así el contenido de un video que se espera sea publicado este jueves por la BBC y que será el anuncio definitivo.

La disolución supondrá la desaparición de la última insurrección armada de Europa occidental. A ella se le atribuyen al menos 829 muertos, entre ellos Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de Franco cuyo coche salió volando en un atentado con bomba en Madrid en 1973, o el joven concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado de dos tiros en la nuca en 1997.

Sin embargo deja flecos sueltos, pues queda pendiente la situación de sus cerca de 300 presos desperdigados por ambos países, y las asociaciones de víctimas exigen que se esclarezcan cientos de crímenes.

"ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política", indica la organización creada en 1959, durante la dictadura franquista.

El grupo, considerado como terrorista por la UE, dice querer abrir "un nuevo ciclo político" en el País Vasco, donde la coalición independentista Bildu es la segunda fuerza parlamentaria por detrás del gobernante PNV, nacionalista pero no separatista.

Y subraya que el anuncio "no supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia", donde reclamó durante décadas la independencia del País Vasco francés.

Es "una buena noticia para quienes quieren continuar en el camino de la paz", valoró Jean-Noël "Txetx" Etcheverry, uno de los mediadores en el proceso de desarme de la organización.

Tanto él como un alto funcionario del gobierno vasco precisaron a AFP que la carta no supone el anuncio definitivo y formal de la disolución de ETA, que se espera el jueves, seguramente a través de un video a la radiotelevisión pública británica BBC.

"Es una carta que ETA ha enviado con antelación a personalidades y entidades que participaron hace siete años en la declaración de Aiete", una conferencia internacional que propició, en octubre de 2011, el cese definitivo de la lucha armada, indicó el alto funcionario.

Según él, el propósito de la carta es asegurar a esos actores, entre ellos el ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el ex líder del Sinn Féin norirlandés Gerry Adams, "que su decisión [de disolverse] va en serio".

Por su lado, el colectivo de víctimas COVITE, en una conferencia de prensa en San Sebastián, manifestó este miércoles su descontento por la manera de disolverse de ETA.

"Este no es el final de ETA que queríamos (...) debía de haber sido diferente", dijo Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio, político vasco conservador asesinado por la organización en 1995.

La asociación de víctimas exige que se "evite poner a cero los contadores de los 853 asesinatos cometidos" por ETA y grupos afines, e insiste en que quedan por esclarecer 358 crímenes.

"Hay muchas muertes que no han salido a la superficie. Entonces, claro, no puedes hacer borrón y cuenta nueva, como se pretende", dijo a la AFP Maite, una pensionsita encontrada en las calles de San Sebastián.

El gobierno español se muestra firme y asegura que no habrá ventajas para ETA, que entre otras cosas pide un reagrupamiento de sus presos cerca del País Vasco.

"No sólo basta con que se arrepientan (...) sino que es también necesario que paguen sus deudas y al mismo tiempo colaboren con la administración de justicia para el total esclarecimiento de los hechos" pendientes, dijo el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

"Que sepan bien claro que tendrán que pagar por sus culpas y que no hay ningún tipo de impunidad. Y que antes y después de este comunicado serán perseguidos allá donde se encuentren", añadió. Según el Foro Social, una asocación cercana a familias de presos, hay aún unos 100 etarras en la clandestinidad.

Durante lo que los nacionalistas denominan "conflicto vasco" hubo también una "guerra sucia" por parte del Estado español de 1975 a 1987. El GAL, un grupo parapolicial, mató a 27 personas, un escándalo que llevó a prisión a dos altos funcionarios del gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).

La acción de los GAL se detuvo en 1987, cuando se afianzó la colaboración de la policía francesa, un país hasta entonces considerado como un "santuario" de ETA.