El exjefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, de Rosario fue imputado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" aunque seguirá el proceso en libertad, con restricciones.

Gómez está acusado de haber ordenado levantar las custodias de los edificios judiciales el pasado 13 de diciembre y que tomó estado público por una fuerte advertencia que le lanzó el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en un audio de WhatsApp que trascendió a la prensa.

"Le ordeno por este medio que de manera inmediata restituya la custodia en los edificios públicos en el término de una hora. Si no lo hace, mañana usted va a ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público", le había manifestado Sain en aquel momento en el mensaje telefónico.

Sin embargo, a pesar de haber quedado imputado, el exjefe policial continuará el proceso en libertad porque se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva: deberá fijar domicilio ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y tendrá que notificar al organismo en caso de que pretenda salir de la provincia o el país.

Según detalló la fiscal de la Agencia de Criminalidad y Delitos Complejos, Paola Aguirre, en la audiencia de este martes Gómez habría ordenado verbalmente al titular de la Agrupación Cuerpos a retirar las guardias apostadas en los edificios del Centro de Justicia Penal, del Colegio de Magistrados y del Ministerio Público de la Acusación.

Vale recordar que los mencionados inmuebles habían sido atacados a balazos por grupos que guardarían relación con la reconocida banda criminal Los Monos, información que que se desprende de escuchas en las que Ariel "Guille" Cantero aparece como instigador de los ilícitos en una comunicación desde el penal bonaerense de Marcos Paz.

Según la defensa del imputado, Gómez argumentó que las custodias habían sido reasignadas para cubrir otro servicio, lo que es entendido por la Fiscalía como un incumplimiento de una orden del Jefe de Policía de la Provincia del 4 de agosto de 2018 con el fin de vigilar en esos lugares, informó el diario rosarino La Capital.

Por esto, la fiscal del caso había solicitado que el excomisario tenga prohibida la salida de la provincia y del país, pero la jueza rechazó el pedido y ordenó que Gómez fije domicilio y que ponga en conocimiento de la OGJ que caso de que pretenda salir de Santa Fe o de la Argentina.